El régimen clientelar del PSOE andaluz se sienta en el banquillo por el caso de los ERE este próximo miércoles cuando comience en la Audiencia Provincial de Sevilla, la vista oral de la pieza clave de la macrocausa impulsada en enero de 2011 por la juez Mercedes Alaya.

22 altos cargos de la Junta de Andalucía se sentarán en el banquillo, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan; el ex vicepresidente, Gaspar Zarrías; la ex ministra socialista, Magdalena Álvarez; o los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, además del principal operador en este caso, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que acuñó el nombre de “fondo de reptiles” para las partidas destinadas a esta finalidad, y del que su chófer llegó a decir que se gastaron el dinero “en alcohol, putas y cocaína”. Ahí es nada.

Se juzga un procedimiento ideado expresamente para eludir todo tipo de controles de la Intervención General de la Junta de Andalucía, en el reparto presuntamente ilegal y arbitrario de ayudas y pagas a empresas en crisis y jubilados, que supera los 850 millones de euros. El ex director de Trabajo Javier Guerrero se refirió como 'fondo de reptiles' al programa 31L de los presupuestos de la Junta, una partida de fondos de la que se sacaba el dinero para pagar estas ayudas ilegales.

Se espera que el juicio quede visto para sentencia para el mes de marzo o abril, una vez que iniciado el mismo se celebren las sesiones para las cuestiones previas los días 13, 14 y 15 de diciembre, retomando la vista oral el 9 de enero, de regreso de las navidades.

Las penas más elevadas solicitadas por la Fiscalía son los 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para 12 de los acusados. Para José Antonio Griñán y otros dos acusados el Ministerio Público solicita 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. Para Manuel Chaves y otros seis procesados se pide 10 años de inhabilitación.

Este no es el único juicio que se celebrará por la macrocausa de los ERE, aunque sí se considera el más importante. La juez Núñez Bolaños, que sucedió a la impulsora de la causa, Mercedes Alaya, decidió trocear la investigación abriendo una pieza separada por cada una de las empresas que recibieron ayudas ilegales.