• 19:40
  • Miércoles, 13 de Diciembre de 2017

CONFLICTO EN EL SECTOR DE LA ESTIBA

ANESCO denuncia que el mantenimiento del empleo no es el motivo de la huelga

La asociación empresarial ofrece la garantía en el empleo y el mantenimiento de sus condiciones a los trabajadores actuales de las SAGEP

Patio de APM Terminal en el Puerto de Algeciras
Patio de APM Terminal en el Puerto de Algeciras
ANESCO denuncia que el mantenimiento del empleo no es el motivo de la huelga

ALGECIRAS. - La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) apela a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que retomen el diálogo, desconvoquen las huelgas anunciadas, cesen las acciones de huelgas ilegales selectivas encubiertas y garanticen la estabilidad del sector durante las negociaciones.

Al margen de los periodos de huelga oficialmente convocados, desde Anesco se advierte que se continúan produciendo intencionadas bajadas de rendimientos a diferentes compañías, para presionar “ilegalmente” a la representación empresarial. ANESCO exige el cese inmediato de estas acciones coactivas y la intervención de las Administraciones Públicas para que velen por el cumplimiento de la legalidad vigente.

ANESCO recuerda que, tanto en las diferentes reuniones celebradas con las organizaciones sindicales como en los comunicados públicos de las últimas semanas, ha manifestado las siguientes cuestiones sin modificar en ningún momento su posición:

La asociación empresarial ofrece la garantía en el empleo y el mantenimiento de sus condiciones a los trabajadores actuales de las SAGEP. No debe ser, por tanto, la petición de subrogación convencional el motivo de las convocatorias de huelga, ni de las diferentes medidas de presión, puesto que es aceptada por la representación de las empresas.

No existe acuerdo en relación a la subrogación de los futuros trabajadores que se incorporen el día de mañana a la profesión de estibador portuario. El compromiso de garantía en el empleo y el mantenimiento de las condiciones actuales no puede alcanzar a trabajadores que todavía no lo son. Así ha sido manifestado en todas las reuniones e igualmente se recoge en la propuesta de mediación, en el anexo del aprobado y convalidado Real Decreto Ley 8/2017 y en el borrador de Real Decreto que desarrollará reglamentariamente dicha Ley.

La propuesta sindical presentada la pasada semana en la reunión de la comisión negociadora en relación al compromiso de obligar a permanecer en las actuales SAGEP a las empresas asociadas de ANESCO e incrementar la obligatoriedad legalmente establecida de contratar al 75% de los trabajadores actuales, podría vulnerar, tras estudio de la asesoría legal, el derecho a la competencia, ya que podría restringir la libertad de empresa, podría ser considerado como un pacto entre competidores e incluso incumplir la aplicación efectiva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

ANESCO ha propuesto abrir simultáneamente la negociación puerto a puerto para definir las mejoras operativas que se deben implementar, según lo pactado, para mantener la competitividad de los puertos españoles en el mercado marítimo internacional.

Esta cuestión ha sido rechazada por las organizaciones sindicales, por lo que no es sencillo avanzar en el diálogo.

Debe corresponder a la empresa titular de la licencia de servicio portuario de manipulación de mercancías, en su condición de empleadora, la dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios. Así está legislado en el Estatuto de los Trabajadores, en el convenio colectivo estatal y, de hecho, ocurre en el resto de los sectores económicos. Sin embargo, la práctica habitual en los puertos españoles no permite que las empresas puedan decidir libremente la composición de los equipos de trabajo necesarios para cada actividad, por lo que existen insostenibles situaciones de sobredimensionamiento y de falta de competitividad.

Finalmente, ANESCO solicita la ayuda del Gobierno para solucionar el conflicto generado con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2017 que da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.