ALGECIRAS. - Aunque la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes avanza en aspectos esenciales con respecto a la anterior, no cubre la principal demanda de los trabajadores, prometida por el ministro de Fomento: la subrogación de los estibadores.

Según el sindicato Coordinadora, mayoritario en el sector, este Decreto que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular parece tener atados los apoyos necesarios, aunque sin confirmación oficial hasta el día de hoy, "es una más de las mentiras vertidas por el Gobierno desde el principio de este proceso. Primero fue la inminencia de la segunda multa sobre España. Después dijo qu consensuaría la nueva norma con los agentes del sector. También aseguró que el primer real decreto era la única vía para responder a las exigencias del TJUE; ahora, una vez modificado el texto, parece que también se ajusta a sus requerimientos".

"Es cierto que, entendemos que fruto de la negociación con el PDCat, el nuevo texto ha avanzado en temas tan vitales para los estibadores como la formación, el mantenimiento de los ámbitos y ha eliminado el atropello que suponía el incentivo a los contratos de menos de siete días de duración. Aun así, lo entienden insuficiente, pues su principal demanda no está recogida en la norma, así como las condiciones de las empresas que podrán formar parte de los Centros Portuarios de Empleo, cuestión también vital para mantener la profesionalidad y estabilidad en el empleo", aseguran desde Coordinadora.

Además, los profesionales de la estiba definen como impresentable que se adjunte al real decreto ley el acta de mediación de Marcos Peña, un intermediario designado por el Gobierno que, en teoría, buscaba el acuerdo entre empresas y trabajadores y que, cuando se consigue, cambia de tercio y emite una mediación entre el Gobierno y los agentes del sector.

Huelga en el sector

Dada esta situación, lo estibadores se sienten, una vez más, engañados. Por ello mantendrán la huelga de ocho jornadas alternas –lunes, miércoles y viernes- en horas impares, prevista en el preaviso presentado el pasado sábado 13 de mayo, única alternativa legal que les queda, y trabajarán con el resto de grupos parlamentarios para que, de nuevo, rechacen esta iniciativa impuesta por el Gobierno, que esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva.

Con estas medidas de presión pretenden que el gobierno cumpla su palabra, ejerza su responsabilidad y se siente de manera directa a negociar para alcanzar un acuerdo que permita que se acate la sentencia sin despidos. Si no se aviene a cumplir aquello con lo que tantas veces se ha comprometido el ministro de Fomento será el único responsable del conflicto en los puertos.

Además, los trabajadores exigirán a las empresas del sector el reconocimiento del trabajo de estiba y sus derechos.

Finalmente, hacen un llamamiento a todos los sectores sociales para que compartan su lucha por unas condiciones de trabajo dignas, contra un proyecto político especulador, destructor de empleo y autoritario, que solo va en beneficio de las grandes corporaciones internacionales.