El presidente del gobierno, Pedro Sánchez y todo su ejecutivo, se encuentran en un callejón de difícil salida, acorralados por una gestión que ha provocado ya la muerte de 6.000 personas en tan solo mes y medio, y un aluvión de despropósitos que no hacen más que acrecentar la indignación de los españoles.

Ayer mismo, el director adjunto operativo de la Policía Nacional desvelaba en plena rueda de prensa, que desde hace dos meses tienen la orden de hacer acopio de mascarillas y guantes de protección. Un día antes, salta la polémica por la compra de test rápidos defectuosos comprados a una empresa sin licencia. También ayer se conocía, como el 4 de marzo, el Ministerio de Sanidad recomendaba suspender todos los congresos y reuniones médicas para evitar contagios.

El martes, la carcajada de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados, en pleno debate sobre la prolongación del Estado de Alarma, y las risas continuas con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indignaban a los usuarios de las redes sociales, que le reprochaban el chabacano comportamiento en un momento en el que ya había casi 4.000 fallecidos en todo el país.

El propio presidente del gobierno salía ayer tarde en rueda de prensa para anunciar el cese de la actividad en sectores no esenciales, algo que la oposición lleva pidiendo mas de dos semanas, y que su ministro Ábalos negó esta misma semana, cuando rechazó la paralización de las obras.

Abren diligencias contra el Gobierno

La indignación ha llevado a que varios colectivos hayan comenzado a presentar demandas contra el gobierno. El jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, incoaba diligencias previas respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, tras la denuncia presentada contra el presidente del Gobierno, pedro Sánchez, y los delegados del Gobierno de todas las comunidades autónomas, por un letrado gallego, que junto a un grupo de más de 5.000 personas, están creando la asociación de Afectados por la Gestión contra el Coronavirus.

Se ha presentado un escrito acusando a Pedro Sánchez de un delito de prevaricación y de lesiones por imprudencia, por permitir celebración de multitudinarias manifestaciones, como la del 8-M, que se dotaron de las autorizaciones necesarias cuando deberían haber sido prohibidas en cumplimiento de las recomendaciones de la UE, realizadas el 2 de marzo.

La denuncia está ya en manos del Tribunal Supremo, competente en este caso, tras la apertura de la primera vía penal contra el ejecutivo.

Plataformas de Afectados

El Gobierno se prepara para una avalancha de denuncias por sus retrasos ante el coronavirus.

Los afectados por la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus mueven ficha para preparar su ofensiva en los tribunales, según ha publicado el diario digital vozpopuli.com. Por ahora, dos despachos de abogados ya han constituido plataformas de damnificados que preparan acciones legales contra el Estado por la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis del Covid-19.

Principalmente, se trata de profesionales del sector sanitario, empleados de residencias de la tercera edad, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y familiares de personas que han fallecido por la mala gestión de la administración.

El despacho Navarro & Larriba Abogados, en la Comunidad Valenciana, también ha puesto en marcha una plataforma para aglutinar a afectados que quieran emprender acciones legales y el perfil de posibles demandantes se repite: sanitarios, familiares de víctimas y otros profesionales afectados no solo en la región, también por toda España.