La auditoría hecha por la Intervención General de la Junta de Andalucía constata duplicidades en los entes instrumentales de la administración, por lo que plantea que se devuelvan competencias a las consejerías, y concluye que las agencias empresariales no son el medio idóneo para sus funciones.

Estas son algunas conclusiones del informe encargado por el Ejecutivo andaluz a la Intervención de la Junta sobre doce entes instrumentales de la Junta, en los que trabajan 9.461 personas, de los que sólo 498 son funcionarios.

El informe ha sido expuesto este martes por el portavoz, Elías Bendodo, y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, después de haberse expuesto en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Estas agencias reciben transferencias por 2.411 millones, 283 de esos millones para nóminas, y tienen plantillas que suponen el 34 % de toda la "administración paralela" de la Junta.

La auditoría indica que sí siguen vigentes los objetivos para los que se crearon estas entidades, pero habla de "indefinición" de competencias y "confusión", ya que no están delimitadas las funciones de las agencias con las que tienen las consejerías, por lo que hay importantes duplicidades en las tareas.

Además, la Intervención General concluye que el uso de la agencia pública empresarial como concepto no es el medio idóneo para las funciones que se desarrollan, ya que no cumplen con los requisitos que este modelo debe tener: técnicas de gestión empresarial, dirección estratégica, autonomía en la gestión, evaluación permanente de objetivos y participación de la sociedad civil.

En este informe, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones de las agencias, la Intervención recomienda que se devuelvan competencias a la propia Administración o que se revise la naturaleza jurídica de estos entes.

El informe será remitido a un grupo de trabajo de evaluación de las entidades instrumentales -creado este martes-, que será el encargado de analizar y evaluar este primer diagnóstico para después decidir cuáles deben desaparecer y cuáles se pueden reforzar, "pero con control" y los funcionarios "necesarios", según Bravo.

Bendodo ha avanzado que tomarán todas las decisiones necesarias: "Extinguir, liquidar, fusionar, reducir, todo eso es lo que puede pasar con los entes, pero en todos los casos optimizar".

Sobre la continuidad del personal, Bendodo ha pedido tranquilidad y ha negado que se vaya a producir un despido masivo de esas 9.000 personas, pero ha advertido de que no van a mantener "ningún ente que sea innecesario" porque "hay de todo".

El Gobierno andaluz estudiará todos los casos de estos entes uno a uno para determinar qué hacer y pretende aplicar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Bravo, que ha subrayado que el nuevo sistema de control es una medida pionera en España que se ha llevado a cabo "en tiempo récord", ha indicado que el compromiso de la Junta es dar a los trabajadores la posibilidad de que desarrollen sus competencias "al máximo", pero para ello deben "conformar bien" esas agencias.

El consejero también ha aludido a los informes de control permanente de la Intervención, que se hacen anualmente y que, según ha dicho no se conocían, donde se habla de fraccionamiento de contratos, incumplimiento de pago a proveedores o de casos como el de la Agencia Andaluza de Conocimiento que no aplicó la reducción salarial del 5 % para funcionarios de 2013 y 2014.

En concreto, la auditoría sólo ve justificada totalmente la fórmula de la agencia pública empresarial en el caso de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).

Además, parcialmente está justificado en el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA); de la Agencia de Obra Pública (AOPJA); de la Agencia de Instituciones Culturales (AAIICC); la Agencia de Puertos de Andalucía; y la Agencia IDEA.

En el resto no está justificada esa fórmula: La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional(AACID); la Agencia Pública de Educación (APAE); la Agencia Andaluza de la Energía (AAE); la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC); y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).

Sobre las duplicidades, el consejero ha explicado que se han dado casos como que aparecieran representantes de IDEA y de Extenda en una acción comercial sin que ambos lo supieran; o que la Consejería de Fomento haya pagado un sobrecoste de 16 millones de más por que la había licitado la agencia de forma errónea.