Curiosamente, el PSOE, que hace dos días anunciaba el nuevo Plan Económico con el que el Gobierno pretende recaudar 26.000 millones subiendo impuestos, votaba en contra en la sesión del Parlamento andaluz, de una de las mayores rebajas fiscales aprobadas en Andalucía.

El Pleno del Parlamento ha convalidado con una amplia mayoría el decreto ley 1/2019, de 9 de abril, de rebaja fiscal en materia de tributos cedidos para el impulso y la dinamización de la actividad económica en Andalucía con los votos a favor de los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y VOX y los votos en contra de PSOE y Adelante Andalucía.

"El Gobierno no puede perder tiempo, es el momento de emprender reformas que permitan solventar los problemas que todavía padece la economía andaluza y que sienten las bases para un crecimiento duradero", ha defendido el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, quien ha señalado que "no hay que despreciar el uso de nuestras competencias fiscales como una herramienta más de política económica para la dinamización de la actividad, máxime cuando ir en la dirección contraria al resto de comunidades penaliza la creación de empleo y la llegada de inversión".

En este sentido, Bravo ha destacado que el Ejecutivo andaluz "demostrará que es posible bajar los impuestos a la vez que se refuerza la sanidad, la educación y la dependencia" y también "ensanchar la base tributaria consiguiendo una mayor recaudación con menor esfuerzo, como ha ocurrido a nivel nacional". Un objetivo que es posible dejando más recursos en manos de las familias, los autónomos y las empresas, para que estos puedan aumentar su consumo y su inversión, ha señalado el consejero.

"Convalidar el decreto es decir sí a un sistema tributario justo, equitativo y progresivo que se base en los principios de capacidad económica, donde quien más tiene más pague, pero que no sea confiscatorio ni discriminatorio respecto a otros españoles en la misma situación tributaria", ha señalado el consejero de Hacienda. Se trata de poner fin al agravio fiscal de los andaluces respecto al resto de ciudadanos y situar a Andalucía entre las comunidades autónomas con una fiscalidad más baja que la haga más competitiva y más atractiva para la generación de nuevas inversiones y de empleo, y para retener el talento.

El paquete de medidas recogidas en el decreto ley, que entró en vigor el pasado 9 de abril, recoge la bonificación al 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para cónyuges y familiares directos, que sitúa a Andalucía entre las comunidades con una fiscalidad más reducida en este gravamen, una actuación que "no solo aumentará la renta disponible de las familias, despenalizando el ahorro, sino que contribuirá a dinamizar la economía anticipando la transmisión de bienes y derechos de progenitores a descendientes, mejorará la eficacia tributaria al evitar el éxodo de los contribuyentes a otros territorios y reducirá la economía sumergida y el fraude fiscal", ha destacado Bravo durante su intervención.

La reforma fiscal contempla, además, una rebaja en el IRPF, que equiparará la escala autonómica de este impuesto a la escala estatal en un periodo de cuatro años, beneficiando a todos los tramos de renta de trabajadores por cuenta ajena, autónomos y pensionistas. Esta rebaja tiene un carácter progresivo y comenzará a aplicarse ya este año en el tramo de las rentas más bajas.

Además, el decreto ley incorpora reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) que beneficiarán a las familias numerosas en la compra de su vivienda habitual cuando su valor no supere los 180.000 euros, así como medidas dirigidas a mejorar la fiscalidad empresarial. Es el caso de la reducción de medio punto (el tipo pasa del 2% al 1,5%) del gravamen por la compra de inmuebles para las empresas que opten por la tributación en IVA.