ALGECIRAS. - Ya no caben más recursos, la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial en un auto fechado el pasado 20 de octubre ha ratificado el archivo de la causa penal del caso Somixur, desestimando así el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento contra el sobreseimiento que decretó el titular del Juzgado de Instrucción número 3. Se pone fin de esta forma a una causa penal iniciada tras conocerse en marzo de 2006 un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que estimaba que las arcas municipales habían sufrido un perjuicio económico de 13,8 millones de euros en tres operaciones urbanísticas. Tras la aparición de este informe, sobre el que el propio Patricio González, alcalde de Algeciras entre 1991 y 2003, el PSOE algecireño decidió entregar en enero de 2007 a la Fiscalía Provincial de Cádiz toda la documentación recabada por el Ayuntamiento con relación a este tema e interpuso una denuncia por supuestas irregularidades. El PSOE entonces, entendía que había indicios de que la parte privada de Somixur, sociedad mixta participada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por el grupo privado Aldía SL, había vendido propiedades de las promociones Plaza Mayor I y II a sociedades y personas afines sin la participación municipal. La causa fue admitida a trámite y un año despues la Fiscalía Anticorrupción admitía la posible comisión de delitos societarios, de apropiación indebida y malversación de caudales públicos, resultando imputados el exalcalde de Algeciras Patricio González y Fernando Alpresa García, Fernando Alpresa Gutiérrez, Juan Pérez García, Yolanda Sato González, José Carlos Díaz Díaz y María Dolores Díaz González, todos ellos vinculados a la parte privada. El propio PSOE cifraba el perjuicio económico de estas supuestas actuaciones en mas de diez millones de euros, lo que sumado al perjuicio estimado por la Cámara de Cuentas en su informe, elevaba el montante a los 24 millones. Las operaciones urbanísticas desarrolladas por Somixur fueron Los Cuarteles, El Mirador-La Menacha y Blas Infante, todas ellas entre 1996 y 2004. El 30 de junio de 2014, el Juzgado de Instrucción número 3 dictó auto de sobreseimiento provisional, presentando el Ayuntamiento un recurso de reforma que fue desestimado en diciembre del mismo año. El propio Ayuntamiento, recurrió ante la Audiencia Provincial, que ha decretado el archivo de la causa sin posibilidad de más recursos. La justicia por tanto, entiende en base a los informes e investigaciones llevadas a cabo a lo largo de estos siete años, que no cabe concluir la supuesta comisión de los delitos mencionados, no habiendo quedado suficientemente acreditado que se haya producido un perjuicio patrimonial a la administración municipal, como sostenía el PSOE en su denuncia.