MADRID. - La Policía Nacional ha borrado a 24.200 falsos parados en 2013 de las listas de desempleo, fruto de cinco operaciones policiales contra redes especializadas en estos fraudes, y que se enmarca dentro del convenio de colaboración que firmaron el pasado 30 de abril los ministerios de Empleo y del Interior en la persecución de los delitos contra la Seguridad Social. El resultado de esta labor conjunta esta siendo mejor del esperado, y es que ya en 2012, el trabajo conjunto de agentes y policías permitió detectar 44.000 perceptores irregulares de prestaciones, en su gran mayoría, beneficiarios de subsidios por desempleo. Y para finales del año 2013 se habrán eliminado de las estadísticas oficiales a otros 50.000 falsos beneficiarios de subsidios. Al menos 500 personas, en su mayoría extranjeros de origen marroquí, habrían firmado contratos falsos con empresas sin actividad real asentadas en Madrid, Ibiza y Algeciras para acceder a prestaciones de desempleo y tramitar también permisos de residencia. Los investigadores calculan que la red ocasionó un perjuicio a la Seguridad Social superior a los dos millones de euros. AHORRO PARA EL ESTADO La reparación no sólo afecta a la estadística. En el capítulo económico, las actuaciones en los primeros seis meses de este ejercicio han detectado un perjuicio para las cuentas públicas de 44 millones de euros, lo que representa un 50% de la cifra que se logró en el mismo periodo de 2012, un año que concluyó con la anulación de contratos falsos que generaron subsidios por valor de 70 millones de euros. “Los perceptores suelen cobrar pequeñas cantidades pero son redes muy extensas y todas ellas sumadas generan una cuantía muy alta que genera un gran perjuicio al Estado”, apunta el comisario André. Los falsos parados son obligados a devolver las prestaciones, aunque en la mayoría de los casos carecen de fondos para reintegrarles. No obstante, la Seguridad Social anula los meses cotizados de forma irregular y activa una alarma en la ficha de estos infractores para retenerles cualquier subsidio que puedan generar en el futuro hasta que salden toda su deuda con el erario. Las investigaciones pueden tener más consecuencias para los extranjeros que hayan utilizado contratos falsos para conseguir el permiso de residencia en España. La Policía comunica a todas las delegaciones del Gobierno que esa relación laboral fue fraudulenta y por tanto no puede esgrimirse para solicitar la residencia. En el caso de que el permiso ya se haya obtenido, se le impide a los infractores volver a renovarlo. En la última gran operación, 135 personas habían conseguido el permiso de residencia presentando los contratos falsos que firmaron con sociedades de la trama desarticulada. IBIZA EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN Una investigación iniciada en una pimera fase en Ibiza en 2008, y que se ha extendido a Madrid y Algeciras ha acabado con la detención, en una segunda fase, de 76 personas y la imputación sin arresto de otras 84 por haber participado en un entramado de empresas ficticias que, por cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros, proporcionaba falsos contratos de trabajo a inmigrantes, que después, con esos documentos, tramitaban permisos de residencia en España y subsidios de desempleo. Entre los detenidos en aquella primera operación, estaba el cerebro de la banda, que fue apresado precisamente en Algeciras mientras huía camino de Marruecos, quedando entonces en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros. La Policía, tras su puesta en libertad, siguió pendiente de sus movimientos, convencida de que seguiría con su actividad delictiva. Al parecer, y siempre según se desprende de la investigación, el marroquí reorganizó las empresas ficticias y trasladó buena parte de su actividad a Madrid, donde también abrió una carnicería y al mismo tiempo que pretendía establecerse en Algeciras, donde el número de potenciales clientes para sus falsos documentos podría ser mayor.