680 millones de euros es lo que la Audiencia Provincial de Sevilla estima que se ha estafado a los andaluces, no a todos, tras la sentencia del caso ERE, la primera de muchas que aun quedan por juzgarse como piezas separadas de este macro caso de corrupción.

Decimos que no a todos, porque es evidente que este dinero ha servido durante mas de una década, para comprar las voluntades de muchos andaluces, creando una red clientelar de la que estamos conociendo los primeros esbozos, y que parece una compleja tela de araña tejida con dinero público.

Si nos atenemos a los números, de esos 680 millones de euros, unos 10,4 millones corresponderían a acciones que debían de haberse llevado a cabo en Algeciras, atendiendo a un reparto proporcional según la población.

Mejoras en los hospitales y centros de salud, en colegios, lucha decidida para crear empleo, atención a los mas desfavorecidos, son algunas de las materias en las que podrían haberse invertido estos 680 millones de euros, si el gobierno de la Junta de Andalucía, en los últimos 37 años, hubiese dedicado sus esfuerzos a trabajar por mejorar las condiciones de vida de todos los andaluces, y no de los que les votaban.

Tal vez ahora se entiendan mejor los incumplimientos de la Junta en ese periodo, la Ciudad de la Justicia, el Materno Infantil, la Jefatura de San José Artesano, el Conservatorio Paco de Lucía, o el paro que azota a todo el Campo de Gibraltar, con uno de los índices mas altos de Europa.

LO QUE QUEDA DE LOS ERES

La causa judicial de los ERE no acaba con las responsabilidades políticas, y es que todavía faltan por celebrarse 147 procesos judiciales más, que pueden elevar la cifra por encima de los 2.000 millones de euros, con más de 500 imputados.

La causa juzgada es sólo una de las más de las muchas que se derivan de la prolija investigación que inició la magistrada Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla del que era titular.

El número total de juicios que hay aún pendientes puede variar, pues la investigación determinará qué casos acaban en procesamiento y cuáles otros resultan archivados por prescripción o sencillamente por ausencia de indicios de delito.