ALGECIRAS. - Sigue el cruce de acusaciones y descalificaciones entre los principales actores de los dos sectores de Podemos, enfrentados abiertamente desde que en la mañana de ayer, Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez, acusaran a la portavoz de ASSP, María José Jiménez Izquierdo, de una gestión oscurantista, y de problemas de índole económico. Esta mañana, Izquierdo se defendía, y llegaba a acusar de sus todavía compañeros, de querer cometer irregularidades contables, y colocar a sus amigos.

La respuesta por parte de Alejandro Gallardo no se ha hecho esperar, y aunque reconoce que cobra de dos administraciones diferentes, asegura que ambas cantidades no sobrepasan el límite establecido en el código ético de Podemos y de la agrupación de electores, Algeciras Si Se Puede.

Lo hace ademas Gallardo, aportando dos certificados del Ayuntamiento de Algeciras y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en los que consta el dinero cobrado en el ejercicio de sus funciones. Así el código ético establece que no se podrá cobrar más de un sueldo por la ocupación de cargos públicos, salvo que la suma de estos sea inferior a tres salarios mínimos profesionales, fijando dicho límite en 1.900 euros.

En el caso de Alejandro Gallardo, el informe del Secretario General del Ayuntamiento establece que la remuneración por su cargo de concejal es de 10.260 euros anuales, mientras que por Mancomunidad, recibe 775 euros al año por la asistencia a plenos y órganos colegiados. "Ni de lejos" se alcanza la cantidad establecida en el código ético.

Alejandro Gallardo ha querido hacer públicas sus remuneraciones “para no dar pie a las difamaciones”, aunque aclara que “tanto mi compañera Leonor Rodríguez como yo estamos centrados en trabajar por los intereses de los algecireños, y no vamos a entrar al trapo de un debate público sobre cuestiones internas”.

En relación a la comparecencia de María José Jiménez esta mañana, ASSP se mantiene al margen de todas sus declaraciones, remitiéndose a lo expuesto en el día de ayer en rueda de prensa, donde se anunció su expulsión del grupo municipal, una decisión que se ha hecho efectiva al hacer valer la mayoría del grupo municipal en la misma, y que está siguiendo los trámites administrativos habituales para su comunicación pública oficial.