Mas de un centenar de políticos, entre ellos varios del PSOE local, en el listado de la operación Madeja
14/01/2014 | 23:46
ALGECIRAS. - La juez Mercedes Alaya ha prorrogado por sexta vez el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de julio sobre la denominada operación 'Madeja', por la que hay tres personas encarceladas y en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.
El PSOE algecireño, salpicado directamente por la investigación, mantiene la incertidumbre ante la posible imputación de algunos de los concejales que formaron el equipo de gobierno entre los años 2007 y 2011, junta a Izquierda Unida, ya que en los ordenadores de la empresa Fitonovo, han aparecido anotaciones sobre el supuesto pago de comisiones a concejales socialistas para la obtención de la adjudicación de obras.
El escándalo afecta a muchos concejales, diputados, alcaldes y funcionarios de toda Andalucía. Según han publicado varios medios, la Guardia Civil se incautó durante el registro de la sede de Fitonovo de un documento de Excel en el que el empresario Rafael González Palomo apuntaba todos los regalos y compensaciones que hacía a los representantes públicos de las administraciones con las que contrataba. El listado afecta a más de un centenar de políticos y funcionarios no sólo de Sevilla, sino de otras provincias como Cádiz y Jaén.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que prorroga un mes más el secreto de las actuaciones decretado por primera vez el pasado julio.
La operación 'Madeja', desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil.
La juez investiga una supuesta contabilidad 'B' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.