Los socialistas concluyen que las declaraciones de Landaluce, del propio edil edil y el informe del secretario general, que les fue entregado ayer, "no niegan lo que es muy grave, pretender ser representante público con deudas tributarias".

“Una vez más, el alcalde y presidente local del Partido Popular en Algeciras, José Ignacio Landaluce, pretende convertir en normal lo que es inadmisible. Un representante y gestor público, como es Ángel Martínez, no puede mantenerse en su puesto al reconocerse moroso de la Hacienda pública. No es que incumpla la ley, es que está mandando un pésimo mensaje a todos los ciudadanos a los que representa. Nosotros rechazamos estos comportamientos que atentan contra la ética política y contribuyentes a los que representa”, afirma el viceportavoz municipal, Fernando Silva.

Los socialistas lamentan que, pese a sus "reiterados intentos", siguen sin recibir "respuesta sobre si Landaluce ha firmado nóminas durante los últimos años a su compañero Ángel Martínez en las que se ejecutaron embargos por no pagar obligaciones fiscales; y a si había comprobado que la declaración de bienes del edil es fiel a su realidad".

“Estamos ante el hecho reconocido por el concejal que es moroso a la Hacienda pública. No es creíble acumular hasta 11.000 euros de impagos sin darse cuenta, más cuando uno es edil y además profesional de la administración de fincas. El señor Landaluce vuelve a intentar imponer la ley del silencio sobre este asunto, como también lo quiso hacer en anteriores casos que se han terminado saldando con dimisiones o exclusiones en su grupo de gobierno. Nosotros no nos vamos a callar”, declara Fernando Silva.

El reciente informe del secretario general del Ayuntamiento sobre el caso Martínez, para el PSOE, "no certifica que este concejal estuviera al corriente de pago de impuestos cuando tomó posesión de su cargo en 2019. De hecho, existen numerosos mandamientos de apremio emitidos por vía administrativa y publicados tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de la Provincia".

"Lo que sí corrobora es que no se daba causa de inelegibilidad al no tener constancia que las reclamaciones de pago se hubieran hecho por vía judicial", concluyen.