ALGECIRAS. - A pesar de que el pasado 27 de febrero, la actual Directora General de Economía Social de la Junta de Andalucía, Angelines Ortiz, ya prestó declaración en calidad de testigo por el mismo caso, en una providencia emitida por la juez Lourdes del Rio, que instruye el caso Bahía Competitiva, ha decidido imputar por supuestos delitos relacionados con la corrupción, a la actual secretaria local del PSOE en Algeciras. Será el 25 de abril cuando la dirigente socialista deba prestar declaración de nuevo, esta vez en calidad de imputada. En su declaración del pasado mes de febrero, la dirigente algecireña declaro que desconocía la mecánica de valoración que se hacía para baremar los proyectos que aspiraban a conseguir subvenciones del Ministerio de Industria. Incluso aseguró desconocer a las personas que formaban parte de la comisión de valoración y que su papel en la comisión de gestión que se celebraba en Madrid, en la sede de dicho Ministerio, era tan solo protocolaria, y solo se daba cuenta de los resultados. Ahora, según las mismas fuentes, nuevos documentos aparecidos en las últimas semanas podrían haber dado a entender que Angelines Ortiz sí era conocedora de todo el proceso en su calidad de máxima responsable en la provincia de la Delegación de Innovación y, por tanto, de la Agencia Idea. Existiría incluso documentación en la que la propia Ortiz solicitaba a técnicos de la Diputación Provincial, la baremación de determinados proyectos. De hecho, según las fuentes consultadas, habría dos comunicaciones entre Ortiz y Teodoro Clavijo (técnico de la Diputación también imputado) en la que la ex delegada le solicita las baremaciones de los proyectos. Hay que recordar que, en su anterior declaración como testigo, aseguró en sede judicial no conocer a Clavijo. Esas contradicciones han pesado a la hora de su imputación. Por tanto, deberá prestar de nuevo declaración ante la magistrada Lourdes del Río el próximo 25 de abril. Junto a ella lo harán otras tres personas que ya estaban imputadas en el proceso y que también prestaron declaración meses atrás. Se trata de Rosa Mellado, actual gerente provincial de la Agencia Idea; Adelaida Moares, jefa de servicio del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial; y, por segunda vez, María José Valencia, quien fuera diputada provincial del PSOE y responsable política del mencionado instituto. Todos están citados el mismo día, el 25 de abril, a partir de las diez y media de la mañana. En esta misma providencia, la juez Lourdes del Rio cita a declarar como testigo al actual diputado nacional y ex presidente de Diputación, Francisco González Cabaña.

La trama

La Policía Nacional dio por desarticulada, con un total de 31 detenciones, una trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía. La trama estaba creada en torno al programa Bahía Competitiva. Según ha detallaba el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, 50 empresas solicitaban las ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. El conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan específico de ayudas para el fomento empresarial. Otra partida de 26 millones de euros fue autorizada, aunque finalmente el dinero no se llegó a transferir. El principal investigado tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía realmente en "una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid". El entramado empresarial y la estructura de solicitud de las subvenciones pretendía, aparentemente, la instalación de las empresas en un polígono industrial de nueva creación en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz) llamado 'La Palmosilla', "a día de hoy inexistente". La investigación tiene su origen en el año 2011, tras presentarse una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. A raíz de esta comunicación, los agentes iniciaron sus pesquisas sobre un entramado empresarial que se habría creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la propia Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria, para el fomento empresarial. Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores confirmaron que desde 2008 fueron creadas 50 sociedades administradas o representadas prácticamente por las mismas personas, apreciándose una especial concentración durante los años 2009 y 2010. Además, los policías detectaron dos grupos de empresarios, el de los "gallegos" y el de los "madrileños", apareciendo en ambos numerosas personas en calidad de testaferros.