El delegado sindical de ACAIP en Botafuegos, José Luis Alcaraz, manifiesta que si se hicieran estos test sabrían si están propagando el contagio en su entorno laboral y familiar, añadiendo que, después de un año se siguen resolviendo las cuestiones de competencia decidiendo a que o a cual organismo le corresponde prestar ese servicio sanitario, encontrándose los trabajadores de las prisiones en tierra de nadie.

En el escrito, el delegado ha afirmado también que, la prisión de Botafuegos cuenta con una plantilla de más de 400 empleados y una población reclusa con más de 1200 internos. Muchos de ellos cuentan con una salud débil, con problemas respiratorios, cardiovasculares, VIH, tuberculosis o Hepatitis. 

Por otro lado, la pandemia ha trastocado el régimen de vida ordinario de todos los reclusos, estimando en los últimos 3 meses unos 18 positivos, además de 65 contactos estrechos, "se ha salido adelante, pero no ha sido gracias a la protección y buena gestión de la pandemia por parte del Ministerio del Interior o la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ni de la ayuda que debería prestarnos esta Subdelegación del Gobierno, sino a la alta profesionalidad de todos sus empleados penitenciarios", alega el Delegado sindical.

Por último, ACAIP afirma que los empleados penitenciarios están pagando los test de su propio bolsillo, por eso reclaman de forma urgente a la subdelegación de gobierno, que protocolo deben seguir los contactos estrechos derivados del trabajo tras recibirse un positivo de un funcionario, para que se puedan hacer los test y evitar propagar el contagio tanto laboral como familiar.