Arias Cañete acusa a la Junta de ir en perjuicio de los municipios de la comarca

Arias Cañete acusa a la Junta de ir en perjuicio de los municipios de la comarca
MADRID. - El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer que la venta de la finca La Almoraima contribuirá a mejorar la situación socioeconómica de los municipios del Campo de Gibraltar, con altas tasas de paro. Con este objetivo, el ministro apuntó que el Gobierno ha elaborado un Plan especial de Ordenación de Usos para desarrollar económica y socialmente la zona, «apoyado por el Ayuntamiento de Castellar y por los anteriores consejeros de la Junta de Andalucía», recalcó. Arias Cañete respondía de esta manera a la pregunta del diputado socialista Antonio Pradas, sobre la venta de La Almoraima, en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados. En su respuesta, el ministro aseguró que el Gobierno va a cumplir lo previsto en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 21 de junio, en el marco del plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado. Durante su intervención, Arias Cañete recordó que la finca de La Almoraima ha sido siempre privada, hasta la expropiación de Rumasa en 1983, explicando que esta finca se encuentra enclavada en el Parque de los Alcornocales, donde las fincas de titularidad privada cuentan con un estado de conservación «manifiestamente superior» al de las fincas públicas. Por lo tanto, considera que la gestión pública y la privada «son perfectamente compatibles para la protección de los espacios naturales protegidos». Sin embargo, lamentó la «irresponsabilidad» de la Junta de Andalucía al pretender impedir el proceso de privatización de esta finca, «ampliando los límites del parque natural a una zona sin ningún valor medioambiental, donde simplemente hay explotaciones de pasto y de ganado, dañando gravemente el desarrollo económico y social de estos municipios». Por su parte, el socialista denunció la «deslealtad» del Gobierno con la Junta, el Campo de Gibraltar y Castellar de la Frontera al haber impulsado un «cambio de usos de la finca sin informar de que su pretensión era venderla» y ha advertido de que «revalorizar urbanísticamente un terreno para venderlo tiene un nombre: especulación». «La Almoraima era una finca propiedad de especuladores y ustedes pretender devolvérsela años después», dijo Pradas, que afeó el «espectáculo lamentable» que se produjo el fin de semana cuando esos «especuladores y actrices» sobrevolaron la finca «mientras ustedes daban una rueda de prensa para explicar qué van a hacer». El parlamentario recordó que la Junta quería adquirir el latifundio con cargo a las cantidades que el Estado le adeuda por la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, mientras que la gerente del mismo dice que «el pago debe ser en efectivo». «Mándennos ustedes en efectivo la deuda y en efectivo será el pago», reprochó.

Arias Cañete acusa a la Junta de ir en perjuicio de los municipios de la comarca