Una marcha para recordar a los 15 inmigrantes subsaharianos que fallecieron el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban entrar ilegalmente en Ceuta ha servido hoy para reclamar "justicia" y abogar por el derecho a migrar de las personas.

La denominada "IX Marcha por la Dignidad", convocada por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), se ha llevado a cabo este año de forma presencial después de que en el 2021 se suspendiera por la covid-19.

Esta novena marcha, que ha contado con el respaldo de más de 200 entidades y organizaciones nacionales e internacionales, ha tenido en esta edición por lema "Vías legales, vidas seguras: migrar es un derecho".

Los actos conmemorativos se iniciaron por la mañana con una mesa redonda en el Campus Universitario de la ciudad moderada por Patuca Fernández -abogada de la asociación Coordinadora de Barrios- y con la participación de la periodista Sarah Babiker, que pronunció una conferencia sobre "Una perspectiva de las migraciones desde la seguridad (de las personas migrantes)".

Asimismo, la activista y migrante africana de "Somos Red", Soda Naisse, habló de "Canarias: vías legales, vidas precarias, respondamos con la vida", el educador social y activista Ramsés Azumik lo hizo sobre "Soñar sin derechos: la migración como moneda de cambio en la frontera Sur" y el periodista y escritor Moha Gerehou cerró el turno con "Cómo escribir sobre migrantes africanos".

En la segunda parte del día se ha realizado la tradicional marcha, que ha tratado de poner el énfasis en el derecho de las personas a migrar para buscar un futuro mejor, y que arrancó al mediodía desde el Campus Universitario hasta la playa del Tarajal, de unos tres kilómetros y medio, en donde se finalizó con la lectura de un manifiesto.

Unas 300 personas, fuentes policiales, han tomado parte en la misma, a la que se han sumado un grupo de subsaharianos que conviven en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad.

Los actos han recordado los hechos que ocurrieron a primeras horas de la mañana del 6 de febrero de 2014 cuando más de 250 subsaharianos intentaron entrar en Ceuta por la playa del Tarajal, y fueron repelidos por los agentes de la Guardia Civil, que lanzaron pelotas de goma.

Murieron ahogadas 15 personas en el episodio migratorio más trágico en la historia de Ceuta. Otros 23 inmigrantes fueron devueltos "en caliente" a Marruecos.

A nivel judicial, el caso, que se abrió a raíz de la denuncia presentada por varias ONG y por el que se le imputaba un delito de homicidio imprudente a 16 guardias civiles, quedó cerrado el pasado verano.

El 30 de octubre de 2019, la jueza de Ceuta que lo investigaba lo archivaba por tercera vez y decidía el sobreseimiento de la causa, en aplicación de la doctrina Botín, tras los recursos presentados por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las defensas particulares.

Al día siguiente, CEAR recurría esta decisión y el 28 de julio de 2020 la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta emitía un auto en el que desestimaba los recursos de apelación presentados por varias ONG contra el archivo de la causa.

No obstante, el conocido como "caso Tarajal" todavía sigue su curso ya que se encuentra recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, quien debe decidir si admite a trámite el citado recurso o no para continuar con la causa.

Las ONG ya han anunciado que en caso de no continuarlo elevarían un último recurso a las instancias europeas.