El Gobierno tiene decidido eliminar los centros de Educación Especial, y ha reactivado la tramitación de la Ley que va a permitir que, en un periodo de diez años, todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados sean traspasados a colegios ordinarios.

La decisión, que según explican las asociaciones de padres, no ha sido consultada ni con los propios padres, ni con los profesionales de los colegios, ha contado desde un principio con el rechazo por parte de entidades y colegios de Educación Especial, sindicatos, patronales y profesionales de la enseñanza, que ya demostraron en una masiva manifestación en Valladolid, el rechazo a esta Ley.

La Plataforma Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN, ha explicado que desde los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos “han decidido aprovechar esta situación excepcional, dramática para miles de personas, valerse del caos y la incertidumbre sanitaria, social, económica, educativa y política, y seguir tramitando la Ley de Educación (la conocida como Ley Celaá), a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando y no puede manifestarse democráticamente al respecto”.

Entienden desde la Plataforma que esta decisión se realiza para evitar las manifestaciones y poder así salir a la calle a mostrar el rechazo a una ley que según explican “supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido”.

Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, salió ayer a desmentir que los centros de educación especial vayan a cerrarse en el marco de su nueva ley de educación. Sin embargo, los padres de niños con necesidades especiales de la plataforma Inclusiva sí, especial también no se lo creen, y están en pie de guerra.

Incluso el sindicato UGT ha dado la razón a los padres a través de un comunicado, en el que asegura que la Disposición Adicional Cuarta, de esta Ley en tramitación, supondrá “dejar morir en los próximos 10 años los centros de educación especial. No matarlos a cañonazos, sino por gota malaya”.

*Dice así: “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna (...). El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.