Bruselas había alertado a finales de 2018 sobre la ilegalidad de estas ayudas concedidas por Gibraltar y ordenaba al Reino Unido recuperar antes de abril de 2019 los en torno a 100 millones de euros en ayudas ilegales concedidos bajo este paraguas.

En concreto, la Comisión veía ilegal la ayuda concedida por Gibraltar en forma de exenciones del impuesto de sociedades para intereses pasivos y cánones entre 2011 y 2013 en el Peñón, así como cinco resoluciones fiscales en ese mismo periodo, al considerar que dieron una ventaja injusta a algunas multinacionales.

Después de que no se hubiera recuperado la totalidad de las ayudas para marzo de 2021 (casi dos años después del plazo), Bruselas optó por llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE, algo que le permite el acuerdo del Brexit al tratarse de una decisión inicial tomada cuando el Reino Unido estaba aún vinculado a las normas europeas.

Sin embargo, la Comisión confirmó este miércoles que Gibraltar completó la recuperación de las ayudas en su totalidad el pasado 14 de julio, por lo que Bruselas retirará su demanda ante la justicia comunitaria.