La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha suscrito la resolución por la que se conceden 1,2 millones de euros entre las 40 localidades destinatarias del Plan de Ayudas Sociales Extraordinarias. Este programa fue diseñado para compensar el gasto asumido por los ayuntamientos frente a la crisis del COVID-19. Con este acto la institución provincial confirma que todos los ayuntamientos han cursado, en plazo, las solicitudes y que han aportado la documentación requerida en las bases del plan. La resolución es pública y está disponible en el tablón de anuncios del portal www.dipucadiz.es. (En dicho documento se detalla la distribución del fondo).

Desde la declaración del estado de alarma Diputación ha movilizado más de 26 millones de euros en diferentes iniciativas públicas. Para sumar estos recursos se ha rediseñado el actual presupuesto –con la modificación de hasta 124 partidas-, además de aplicar el porcentaje del superávit permitido por la legislación vigente y los remanentes de tesorería. El plan de ayudas sociales extraordinarias, cuya disposición del gasto acaba de resolverse, se destina a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz.

Este programa fue de los primeros que confirmó Irene García. Lo anunció en el Consejo de Alcaldías y, desde entonces, se han solventado diferentes etapas en su tránsito administrativo e institucional. El Pleno lo aprobó en su sesión del 8 de mayo y, tras dicha validación, se abrió el plazo para que los 40 ayuntamientos participantes presentasen sus solicitudes.

La irrupción de la actual pandemia provocó un gasto sobrevenido para los ayuntamientos. Se agolparon los frentes de actuación y, para asistirles ante esta crisis, Diputación diseñó este plan de ayudas sociales. Con este programa se puede compensar un campo muy heterogéneo de intervenciones públicas emprendidas desde el 13 de marzo: gastos en alimentación básica e higiene; campañas de desinfección; gastos farmacéuticos conforme a prescripciones médicas; servicios municipales suscitados con la crisis y que incluso han comportado contratación de personal; alojamiento a personas sin hogar; atención a mujeres víctimas de violencia; e incluso gastos y dietas de Protección Civil.

Diputación anticipará la ayuda íntegra a cada localidad. Tras la resolución adoptada por Irene García, se procederá al reconocimiento de la obligación como paso previo a la transferencia efectiva a los ayuntamientos.