Según detalla el Instituto Armado en un comunicado, el empresario ha sido detenido por más de 200 delitos continuados de falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores junto a varios de sus conductores como cooperadores necesarios y a operarios de un centro técnico de tacógrafos por manipular aparatos de control de los vehículos de la empresa. En total hay seis detenidos y una docena de investigados.

La investigación ha acreditado que el empresario obligaba a los conductores a utilizar tarjetas de conductor de terceras personas y a conducir con el aparato tacógrafo manipulado, para lo que falseaba los registros y creaba un documento con datos absolutamente irreales relativos los tiempos de conducción, tiempos de descanso, velocidad y distancia recorrida.

Según la Guardia Civil, con esta actuación el detenido ponía "en grave riesgo" la vida de sus trabajadores y obtenía ilícitas ventajas en las reglas de competencia ordenadoras del mercado comunitario de transporte por carretera.

La investigación se inició en febrero de 2022 cuando un indicativo de Tráfico de Girona detuvo en un servicio ordinario a un vehículo que se dedicaba al transporte internacional de mercancías y que llevaba el aparato de control de tiempo de conducción y descanso manipulado. A partir de ahí, y siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Seguridad Vial, los Mossos d'Esquadra de la División de Tráfico iniciaron una investigación ante la posibilidad de que el empresario estuviera sometiendo a los trabajadores a condiciones laborales contrarias al derecho.

Los especialistas de la División de Tránsito asumieron las investigaciones dada su complejidad y acreditaron que había un taller en Estepona (Málaga) dedicado a manipular y "blanquear" las manipulaciones de los tacógrafos de los camiones de la empresa, así como un empresario que obligaba a sus trabajadores a conducir los vehículos manipulados que se encontraba en la Línea de la Concepción (Cádiz) donde tenía su sede.

DIEZ MESES DE INVESTIGACIÓN

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo por el equipo conjunto de la investigación y tras diez meses de instrucción, los agentes localizaron varios camiones pertenecientes a la empresa transportista investigada, con la instalación del tacógrafo manipulada.

Además, los investigadores descubrieron cómo los conductores eran obligados al uso fraudulento de tarjetas de conductor de terceras personas denunciadas como sustraídas, mientras realizaban transporte internacional de mercancías. De esta manera el detenido lesionaba los derechos de los conductores de los vehículos a su propio descanso y sobre todo a su vida e integridad física puestas en peligro.

Según la Guardia Civil, el empresario trasladaba sus camiones siempre al mismo centro técnico de tacógrafos, para que manipularan dichos aparatos y de esta manera poder conducir a mayor velocidad y durante un mayor número de kilómetros. Los agentes comprobaron además cómo gran número de conductores que habían trabajo en la empresa solicitaron la baja debido a las condiciones precarias de trabajo y vulnerabilidad laboral a las que eran sometidos, y que ponían en evidente riesgo la seguridad vial.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Grupo Central de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT Central) y el Grupo de Recerca y Documentación del Área Central de Investigación de Accidentes de la División de Tránsito de los Mossos d'Esquadra, continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.