Según ha indicado la Junta en una nota, desde el área se ha puesto a disposición de los profesionales afectados todos los recursos necesarios.

Asimismo, ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

Los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz cuentan con un Plan de Prevención y Atención de Agresiones, cuyo objetivo último es intentar reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias. En virtud de dicho plan, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud que asisten a todos los profesionales agredidos, solicitan la reparación económica integral por la agresión sufrida por el profesional. Igualmente, en los casos que proceda, se solicita la medida de alejamiento del agresor.

Finalmente, ha señalado que este plan cuenta con un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.