LOS BARRIOS. - La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición de la empresa VTTA Algeciras, S.L., compañía promotora del proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones para el almacenaje de productos petrolíferos en la Bahía de Algeciras, en Cádiz, ha retrasado el otorgamiento de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) hasta después del día 31 de enero. Por tanto, la Junta permanece a la espera de que expire el plazo de la prórroga solicitada por la promotora VTTA, para conceder, si todo se atiene a la normativa vigente, dicha autorización. El motivo de esta petición de aplazamiento, hay que buscarlo en las reticencias que está poniendo desde un principio el Ayuntamiento de San Roque, gobernado por el PSOE y que se ha enfrentado en varias ocasiones al de Los Barrios, gobernado por PP y PA, por este proyecto que va a suponer en la práctica, una gran inversión para el municipio barreño y a la vez, la creación de un buen número de puestos de trabajo. El pasado mes de noviembre, la Consejería ya remitió al promotor el dictamen ambiental, paso previo a la concesión de la AAU. Posteriormente, el 5 de diciembre, la empresa VTTA Algeciras, S.L., solicitó la demora en la emisión de la Autorización Ambiental Unificada por parte de la Junta de Andalucía hasta  pasado el 31 de enero, basando su petición en la necesidad de solventar con el Ayuntamiento de San Roque un acuerdo sobre el trazado de las conducciones del oleoducto que unirán las futuras instalaciones de almacenaje con la refinería de Cepsa. Además, con fecha 16 de diciembre de 2013, la empresa promotora pidió a la Consejería que instase al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es el organismo encargado de emitir la Declaración de Impacto Ambiental, a que eliminase varios condicionantes incluidos en la citada declaración, ya que a juicio de VTTA no eran necesarios.

Autorización Ambiental Unificada

La concesión de la Autorización Ambiental Unificada tiene entre otros objetivos el garantizar el cumplimiento de los límites de contaminación fijados en la normativa; evitar y reducir en origen la producción de residuos y las emisiones y vertidos, y evaluar las repercusiones de las actividades autorizadas sobre la fauna y flora silvestre y sus hábitats naturales.