La política democrática consiste en el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías. Así que, quien sume -por si solo o mediante algún pacto con otros- la mitad más uno, consigue el poder. Estas son las reglas y no voy a cuestionarlas ahora, aunque en política municipal me estoy dando cuenta que lo importante es conseguir la alcaldía -no importa la forma- y salir corriendo. Ya no es tan importante quedar primero como negociar mejor, porque una vez con el mando en plaza, desalojar a un alcalde es muy complicado.

Dicho esto, que me preocupa bastante, hay algo que me preocupa más, y es como chirria el nuevo mapa municipal y cómo se ha hecho el reparto de las alcaldías el pasado sábado 15 de junio. Un reparto en el que se han ignorado las necesidades específicas de los Ayuntamientos de las grandes ciudades y, también, de las pequeñas para sacrificarlas en interés de una sorda disputa sobre el acceso al Gobierno central de la fuerza más votada en las elecciones generales.

Este primer capítulo de la renovación del poder institucional después del 26-M, se completó el sábado pasado, pero a través de un falso desenlace político. No porque, salvo raras excepciones, los municipios no cuenten desde el día 15 de junio con alcaldes y corporaciones para los próximos cuatro años, sino porque la lógica política que debía haber guiado la constitución de los Ayuntamientos ha sido sacrificada por una lógica más amplia, que disuelve las especificidades del poder municipal. Ya hablaremos de las autonomías, cuando se constituyan esta semana, donde puede pasar más de lo mismo.

Visto así, la lógica de la política democrática no diferiría en exceso de la del capitalismo, la búsqueda del beneficio -del poder en este caso- como un fin en sí mismo. Esta visión de la política, solo como mera estrategia de poder, rompe por la mitad el propósito de la política democrática y el mismo sistema de representación. Porque la ocupación de cargos no debe ser para “colocar” a una u otra facción, sino para aspirar a la realización del interés general o, al menos, de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

El ideal es que los partidos estén menos pendientes de sus intereses corporativos y más de lo que en realidad preocupa a sus electorados. Las instituciones están para algo distinto de su mera instrumentalización partidaria. Los Ayuntamientos se han convertido en las últimas semanas en lo más parecido a un mercado persa de compraventa o trueque de posiciones de poder y el espejo deformante de lo que debería ser una polis o ciudad bien entendida. No tengo la menor duda. Lo pagaremos.