Esto  hace por fin algo de justicia ante los abusos y el maltrato al que someten las compañías de telefonía móvil a los ciudadanos.

Sin embargo, resulta a todas luces insuficiente. El juez decidió imponer a la compañía una condena de 900 euros que para estos gigantes supone una auténtica propina frente a abusos que se extienden a miles  y miles de personas y que llegan a amargar la vida del ciudadano ante la incapacidad de poder hacer valer la verdad y acabar con los pagos indebidos.

El ciudadano rescinde el contrato y entrega los aparatos ( hablo de cualquier operadora porque todas lo hacen) y así todo, la compañía sigue pasándole facturas por un servicio que ya no está prestando.

Resulta increíble. Cuando uno trata de hablar con ellos es imposible mientras en las tiendas de las respectivas operadores  no se hacen cargo de nada. Los ciudadanos quedan a su merced y sin posibilidad de hacer valer ningún tipo de derecho.

Muchos afectados, agobiados por la situación, optan por dejar de pagar lo que se les reclama y devolver los recibos pero ésta, desde luego, no es la solución. El ciudadano aparece en los ficheros de morosos -cuando no lo son- y pueden sufrir un rechazo si van a pedir un crédito, al tiempo que las compañías tienen la fórmula para perseguirte y cobrar aunque sea vía judicial lo que te reclaman.

Estamos ante  una situación realmente injusta y llama la atención la escasa protección que la administración brinda al ciudadano frente a estos abusos.