Su intento de rectificación, 24 horas después del intolerable desaire, no ha sido suficiente para calmar las aguas en su propio partido ni en sus socios de ERC, que han visto cómo la imagen del ya tambaleante “procés” se desmorona ante la opinión pública. Pero, como reconocen hasta los propios consellers de la Generalitat, el problema no es Borràs, el problema es que ya no comparten proyecto.

Divididos ante la conveniencia de sentarse a la mesa de negociación con el Gobierno de Sánchez y enfrentados en la fórmula para desalojar, sin sustituir, a la ya expresidenta del Legislativo pendiente de juicio por corrupción, los partidos independentistas están más ocupados de resolver sus desavenencias que en atender la gestión de la comunidad. La propia Borràs y el sector más intransigente de Junts abogan por salir del Govern, mientras la facción más pragmática liderada por Jordi Turull y Jordi Sànchez se aferra a la coalición al considerar que la ruptura del Ejecutivo con Esquerra sería un suicidio para el partido heredero de Convergència.

Las tensiones y la fragmentación del movimiento secesionista auguran un otoño de crisis en el “procés”, que sin rumbo, sin liderazgo y sin cohesión amenaza con provocar una desbandada en sus propias filas. De momento, el Govern se mantiene unido, pero gestiones por libre como la del conseller de Educación, Josep González Cambray, en un permanente desafío y provocación a la justicia y a los derechos de los partidarios del 25% de enseñanza en español, pueden acabar por dinamitarlo.

El menguante apoyo a la independencia y la república catalana de las últimas encuestas es un mensaje de la mayoría silenciosa a la que el indecente gesto de la presidenta de Junts habrá dado un dato sobre su estatura moral y el destino del “procés” en manos como las suyas. El presidente Sánchez, que también se va a encontrar en otoño con la disyuntiva de ceder a las exigencias de Esquerra y Junts o jugarse su apoyo y el final de la legislatura, no debería caer en la tentación de debilitar la fortaleza del Estado en Cataluña a cambio de unos votos en el Congreso de los Diputados.