Trabajar a pérdidas
Esta es una de las expresiones que más se escuchan en los últimos tiempos en los informativos. Actualmente está en boca de los camioneros autónomos que ya se han hartado de ser uno de los eslabones peor tratados en la economía española, pero no son los únicos, ni el problema es reciente, ni mucho menos.
Podemos pensar en las camareras de piso. Las pequeñas explotaciones ganaderas. Los médicos sometidos a tarifas irrisorias por las aseguradoras. Los diseñadores. Las empleadas de hogar. Los agentes de venta telefónica...
La lista es demasiado larga pero es que ahora se junta el hambre con las ganas de comer porque en nuestra sociedad y en la economía de hoy mandan cada vez más las gigantescas empresas que dominan la distribución y las ventas. Con capacidad total para establecer en cualquier sitio y tiempo las tarifas y unas condiciones que hacen inviables a las pymes poder competir con ellas.
En diciembre de 2021 entró en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas . Una reivindicación clamorosa desde hace muchísimo tiempo pero que todavía no es real porque el abuso de poder contra las pequeñas empresas de agricultura, pesca o ganadería es muy anterior a lo que nos está ocurriendo hoy.
Pero es que no solo ocurre con las anteriores o con la leche, las naranjas o los boquerones, sino con las horas de trabajo de ingenieros, abogados, economistas, arquitectos, enfermeros, auxiliares de geriatría, repartidores, chóferes...
En España es cada vez más frecuente tener empleos que no llegan a sacar de la pobreza. Y esto no es más que una triste invitación a pasarse de lleno a la economía sumergida. Si tuviéramos un Congreso de los Diputados verdaderamente eficiente en vez de oír las gilipolleces y los insultos que vemos a diario, ya se habría celebrado hace muchísimos años un Pleno Monográfico en el que se expusieran y debatieran soluciones a una de las preguntas del millón:
¿Cuántos españoles trabajan a pérdidas?
