La palabra inglesa en cuestión, está formada por law –ley- y warfare –guerra-. Ese término, se interpreta en el sentido de una persecución judicial o judicialización de la política. Se trata de acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo.

Pese a que este concepto no es nuevo, ha ganado prominencia en el discurso político y legal en años recientes, sobre todo en situaciones en las que se acusa al sistema judicial de ser manipulado para fines políticos. Esto es, la utilización de la Justicia por parte de políticos para que en un proceso judicial, se inhabilite a oponentes políticos, sin pruebas, y se les pueda destituir.

El lawfare se ha utilizado a principios del presente siglo en países de Sudamérica –Guatemala y Venezuela-, donde la aplicación de la Justicia ha levantado sospechas de estar politizada y dirigida contra figuras de la oposición. Asimismo en Brasil, con acusaciones de corrupción, a los ex Presidentes Dilma Rousseff y Lula Da Silva o el ecuatoriano Rafael Correa, para tratar de dar explicación en torno a las causas judiciales seguidas contra los mismos. Los acusados argumentan que se les está privando de un juicio justo y que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas.

En el pacto o acuerdo firmado recientemente, se alude al lawfare, donde se prevé la posibilidad de crear comisiones de investigación, y poder investigar en sede parlamentaria, procedimientos y decisiones judiciales, con las posibles acciones de responsabilidad o modificación legislativa que pudiera proceder.

En el acuerdo que comento, los Abogados de los independentistas, señalaron que, en los casos de Tsunamic Democratic, existió lawfare, ya que los procedimientos penales incoados estaban motivados no por delitos reales, sino por el deseo de suprimir el discurso y las acciones independentistas.

El Sr. Puigdemont en redes sociales –Twiter-, definió, lo que, a su entender, el concepto moderno de lawfare: "El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos, no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial". Y pretendiendo se amnistiara a personas con él vinculadas por delitos de malversación, blanqueo de capitales y desvío de fondos públicos, al considerar que se les perseguía por tener relación con el independentismo.

En 2021, Pablo Iglesias alentó la teoría de la conspiración y el lawfare, contra “Podemos” por parte de Jueces, Policías, Medios de comunicación y militares, sin éxito alguno.

En mi opinión, y salvo que, se prueben la existencia de casos, no cabe el lawfare en nuestro país. Salvo los políticos mencionados, nadie ha mencionado que se les persiga por su condición política. En nuestro sistema judicial, los jueces son independientes, investigan hechos con intervención del Ministerio Fiscal -por cierto dependiente del Poder Ejecutivo-; a la hora del dictado de sentencia, de no existir pruebas, es imposible una condena; existen con controles judiciales, mediante la interposición de recursos, con posibilidad de alcanzar hasta Tribunales Europeos, que vinculan a España.

El que pueda controlarse al Poder Judicial por parte del Poder Legislativo, vulneraría el art. 117.3 de la Constitución, que atribuye la potestad jurisdiccional en exclusiva a Jueces y Magistrados; afectaría a la independencia judicial, con graves consecuencias para el sistema democrático y ciudadanos en general.