ALGECIRAS. - Tal y como adelantó Horasur el pasado 13 de noviembre, la actual secretaria local del PSOE algecireño y delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Angelines Ortiz, ha sido citada a declarar por el juez que investiga el supuesto caso de corrupción, Bahía Competitiva que investiga el presunto fraude cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que dio nombre al procedimiento. Ortiz ha sido citada por el Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz el 27 de febrero, a partir de las 11.00 horas en calidad de testigo. En declaraciones que recoge el diario VIVA Campo de Gibraltar, Angelines Ortiz se ha mostrado dispuesta “a colaborar con la justicia en todo lo posible”.

Un fraude de 21 millones con 31 detenidos

La Policía Nacional dio por desarticulada la trama a principios del pasado verano, con un total de 31 detenciones, que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía. Según detallaba el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, 50 empresas solicitaban las ayudas, y responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. El conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan específico de ayudas para el fomento empresarial. Otra partida de 26 millones de euros fue autorizada, aunque finalmente el dinero no se llegó a transferir. El principal investigado tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía realmente en "una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid". Explica la Policía que el entramado investigado se sustentaría en tres pilares. En primer lugar existía, supuestamente, un grupo de empresarios encargado de formalizar todos los trámites requeridos legalmente para la solicitud de este tipo de subvenciones. Posteriormente, entraban en escena una serie de empleados públicos cuya función sería la facilitación de forma irregular de la concesión de los fondos a los responsables de las mercantiles. Finalmente, un segundo grupo de empresarios se encargaría de ocultar los beneficios para defraudar a la Hacienda Pública. El entramado empresarial y la estructura de solicitud de las subvenciones pretendía, aparentemente, la instalación de las empresas en un polígono industrial de nueva creación en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz) llamado 'La Palmosilla', "a día de hoy inexistente". Cabe recordar la fuerte influencia del llamado Clan de Alcalá, en el PSOE gaditano, principal implicado en esta trama.

Creadas para defraudar

La investigación tiene su origen en el año 2011, tras presentarse una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. A raíz de esta comunicación, los agentes iniciaron sus pesquisas sobre un entramado empresarial que se habría creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la propia Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria, para el fomento empresarial. Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores confirmaron que desde 2008 fueron creadas 50 sociedades administradas o representadas prácticamente por las mismas personas, apreciándose una especial concentración durante los años 2009 y 2010. Además, los policías detectaron dos grupos de empresarios, el de los "gallegos" y el de los "madrileños", apareciendo en ambos numerosas personas en calidad de testaferros. En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de ellos, llevándose a cabo once registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas en La Coruña), en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el País Vasco.

Responsables y empleados públicos

Agrega la Policía que, en octubre de 2012, las informaciones obtenidas durante la investigación propiciaron la detención de nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz. También se ha cerrado la tercera fase de esta investigación en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, con la colaboración de la ONIF Agencia Tributaria, se ha procedido al arresto de ocho personas más y a la práctica de cinco registros domiciliarios. Entre los detenidos figuran empresarios cuya misión sería ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones. Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de "colocar" el dinero en paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. Al parecer, los arrestados disfrutaban de un "elevado nivel económico", especialmente el máximo responsable de la organización que residía habitualmente en una de las urbanizaciones más "exclusivas" de la Comunidad de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo. Además de las detenciones, se ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el extranjero. La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria.