Lo han hecho en el encuentro internacional “El desafío del ETS para los puertos europeos”, organizado por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), en el que también han pedido el apoyo de la Organización marítima Internacional (OMI) para ampliar la medida a todos los puertos del Mediterráneo, más allá de los de la Unión Europea, para evitar así fugas de dióxido de carbono (CO2) y una desigualdad de condiciones entre puertos europeos y de terceros países.

En la cita, el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha señalado que se trata de una “jornada histórica” ya que ha estado representada toda la cadena logística “y nunca todos hemos estado tan de acuerdo como con este asunto”. Ha explicado que desde 2020 el Puerto de Algeciras viene alertando de las repercusiones para los puertos europeos de la entrada en vigor del ETS. “No es que no estemos de acuerdo con el enfoque y los objetivos del ETS, todo lo contrario, apoyamos al 100% los acuerdos del Pacto Verde europeo (Green Deal) y el objetivo del Fit for 55, pero no es menos cierto que la legislación relativa al ETS, tal y como se ha creado inicialmente va a crear determinadas disfunciones, ocasionando desvíos de buques y tráficos a puertos de terceros países próximos a la UE y la consiguiente fuga de CO2 del espacio europeo”. El presidente de la APBA ha tildado de “incongruente” esta directiva ya que, además de no evitar las emisiones, no está alineada con la estrategia conjunta de la Unión Europea, donde “se necesitan puertos potentes y activos, y no una directiva que limite nuestra conectividad y nuestra competitividad”.

Su visión coincide con la de los puertos del Sur de Europa participantes en el encuentro cuyos portavoces también han dado la voz de alarma sobre la pérdida de empleos estable y la deslocalización empresarial que se producirá. Así lo han respaldado, el presidente del Puerto de Barcelona, Lluis Salvadó; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el Jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la Autoridad Portuaria de Valencia, Juan Manuel Díez; el presidente de la Administración Puerto de Sines y Algarve, José Luis Azevedo; y el presidente del Sistema portuario del mar Tirreno Meridional y Jónico (TBC), Andrea Agostinelli.

Desde el ámbito internacional, el presidente del Consejo de la OMI, Víctor Jiménez, ha hablado de la necesidad de trabajar en un marco global para lo que es "fundamental" la colaboración público-privada. Y, en representación de la Organización Europea de Puertos (ESPO), Santiago Garcia-Milà, ha insistido en que "hay que actuar ya" y que el ETS debe aplicarse a todos los puertos del Mediterráneo.

Empresarios y representantes de los trabajadores también han dado su visión sobre los desafíos a los que se enfrentan a partir de 2024 y han pedido medidas urgentes y un seguimiento exhaustivo de la situación desde enero a la vista de que la moratoria demandada no ha sido posible. Lo han hecho en la mesa redonda en la que han participado el director de Andalucía de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), Carlos de Castellví; el CEO de TTI ALGECIRAS, Alonso Luque; el CEO de Malta Freeport, Alex Montebello; el secretario general de la asociación de armadores Assarmatori, Alberto Rossi; el miembro de Coordinadora en Algeciras  y del  European Dockworkers Council (EDC), Santiago López; y la responsable de operaciones en Nistics (grupo Cunext) y miembro de la Asociación de Cargadores de España (ACE), Beatriz Aljama.

Desde la administración española, la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos del Estado, representados por el consejero técnico de Seguridad y Medio Ambiente del Estrecho, José Casado, y el director de planificación y desarrollo, Manuel Arana, respectivamente, han expresado su total compromiso y alineación con los planteamientos del sector y estarán vigilantes del impacto de la entrada en vigor del ETS.

En la jornada, Carlos Álvarez-Cascos, consultor de SBC Shipping Business Consultants ha presentado casos prácticos de la aplicación del ETS y el coste económico que supondrá frente a la fuga de carbono que se seguirá produciendo. Álvarez-Cascos ha apostado por limar los “efectos frontera” extendiendo su aplicación a puertos vecinos, eximiendo a los afectados o aplicando las medidas a escala global.