“Decimos basta. La comarca no puede renunciar definitivamente a una infraestructura turistica que ahora, además, puede y tiene que servir para dar respuesta a los ucranianos y ucranianas que huyen de la guerra de Putin”, afirma la secretaria general del PSOE algecireña, Rocío Arrabal.

El albergue Inturjoven se ubica en Pelayo, a nueve kilómetros de Algeciras y doce de Tarifa. Se inauguró en 1989. Durante muchos años fue lugar de encuentro de clientes relacionados con la migración de las aves, infinidad de grupos escolares que venían a visitar esta zona de la provincia de Cádiz tan peculiar con África tan cerca y el Peñón de Gibraltar.

Desde finales del verano de 2020 se cede a la Consejería de Salud y Familias que, a través de la Cruz Roja, pone en marcha el Programa de Acogida de personas migrantes que tienen que pasar una cuarentena. Para ello, además del personal de Cruz Roja han prestado sus servicios vigilantes, un catering, limpiadoras y un mantenimiento, que proceden de empresas externas.

El PSOE señala que en más de un año el albergue ha sido utilizado esporádicamente y pocas veces ha estado ocupado, pero sus seis trabajadores y trabajadoras residentes en esta zona, "llevan todo este tiempo en otras instalaciones, con sus maletas a cuestas de aquí para allá, sin poder llevar una digna conciliación familiar ya que en parte dejan desatendidas a sus familias". A este grupo se suman también los contratos de temporada con los que se completaba la plantilla. "Es más, ha pasado el tiempo y la bolsa de trabajo no se ha actualizado, lo que supone un nuevo agravio e inconveniente para algunos trabajadores del centro", afirma Arrabal.

 “La situación de emergencia que existe por la guerra de Putin y la progresiva y esperada recuperación de la actividad turística exigen contar con el albergue juvenil como infraestructura de referencia para la comarca. La reapertura plena tiene que suponer la vuelta a su centro de los trabajadores desplazados por Inturjoven. Ahora, Moreno Bonilla promete y no cumple, mientras Landaluce guarda un silencio cobarde y cómplice. Lo que tienen que hacer es cumplir lo que dicta el buen criterio y sentido común, que un servicio público sea prestado, y que lo sea por personal de la administración pública”, concluye Rocío Arrabal.