MADRID. - La Audiencia Nacional está pendiente de que se resuelvan cuatro recursos para asumir el sumario de la Operación Madeja, relativa al cobro de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de servicios y contratos públicos y que acumula 88 imputados, cuarenta de ellos funcionarios.

El 9 de junio pasado, la anterior titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, elevó el sumario a la Audiencia Nacional porque el caso afectaba a varias administraciones del país.

Varias de las partes personadas presentaron recursos ante la Audiencia de Sevilla, uno de ellos contra la decisión de la juez, aunque la institución provincial, en su resolución, avaló la inhibición a favor de la Audiencia Nacional, han informado a Efe fuentes judiciales.

El último de los recursos se presentó el 31 de julio pasado, y se prevé que en septiembre los magistrados de la sección primera de la Audiencia de Sevilla los resuelvan y el caso lo asuma finalmente el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, lo que también ha solicitado la Fiscalía.

Según el auto de inhibición de Alaya, en este caso hay "múltiples" posibles delitos por parte de los acusados y la actividad continuada durante varios años de todos ellos ha tenido una repercusión "grave" en la seguridad del tráfico mercantil.

Aunque aún no se ha podido determinar el beneficio ilícito que habría obtenido Fitonovo, la juez destaca que para el pago de las comisiones confirmadas entre 1995 y 2013, la empresa creó una caja b de la que salían las diferentes dádivas, que ascendieron a 4,3 millones de euros.

Esa caja b se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por esos servicios, según la instructora.

Los sobornos afectaron al Ayuntamiento de Sevilla, a las diputaciones de Córdoba y Sevilla, a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, a las direcciones provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, y a los ayuntamientos de Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén).

En el caso de Algeciras, los imputados son los dos ex alcaldes del PSOE, Tomas Herrera y Diego Sánchez Rull, especialmente el segundo, al que se le imputan cinco delitos relacionados con la corrupción y que  tiene impuestas fianzas por valos de mas de un millón de euros.

También se vieron afectadas la jefatura de conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las gerencias de la empresa pública Adif de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona y a la Administración Autonómica de Canarias, aunque la juez no precisa a qué departamentos de esta comunidad.

Entre los 88 imputados cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, asociación ilícita y falsedad documental.

Tráfico de influencias, dádivas y regalos a funcionarios

Según Alaya, los directivos de Fitonovo, a través de medios ilícitos que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones, obtuvieron durante años la adjudicación de contratos públicos de distintas administraciones mediante tráfico de influencias, pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos.

También los lograban a través de concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados o también ajenas mediante un acuerdo entre las empresas para repartirse el mercado, indica la juez.

Para ello, el pago de dádivas era "el instrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaba para contratar con la Administración", precisa el auto judicial.

El fraude no estaba solo en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando concurría Fitonovo como subcontratista de otra adjudicataria, "pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados", apunta Alaya.

La juez señala que en las investigaciones del juzgado y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se determinó que la red de soborno la dirigían los directivos Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro (que asumió la dirección en 2011), el cuñado del primero y tío del segundo Juan Andrés Bruguera y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo, encargado de la caja b.