Este ajuste conlleva en principio el despido de 19 trabajadores, algunos de ellos con casi veinte años de antigüedad y que acuñan una dilatada experiencia en el campo de la atención a menores infractores, cifra que puede bajar a ocho rescisiones de contrato en el caso de que las negociaciones tendentes a la reubicación de algunos puestos de sus frutos.

Estos despidos afectan al personal que no cuenta o bien con la titulación de Educación Social, o alguna otra formación universitaria.

El primer edil se ha comprometido a realizar gestiones ante la Delegación Territorial de la Consejería para intentar encontrar una vía alternativa que permita frenar estos despidos, paso que han agradecido los representantes de los trabajadores del centro.