ALGECIRAS. - Se cumple el primer año de la Operación Madeja, un escándalo de corrupción que tiene como epicentro el Ayuntamiento de Sevilla, y que salpica de manera directa al PSOE de Algeciras, más concretamente a los integrantes del gobierno local entre los años 2007 a 2011, que junto a IU gobernó la ciudad, adjudicando supuestamente con cobro de comisiones ilegales, la construcción del Complejo Deportivo Body Factory a la empresa Fitonovo, cuyos propietarios han sido detenidos en el transcurso de la investigación. Diego Sánchez Rull, entonces edil de contratación y también ex alcalde de la ciudad, junto a Tomas Herrera, también ex alcalde, y otros miembros del equipo de gobierno anterior, se vieron sorprendidos el pasado verano con la aparición en los ordenadores de la empresa Fitonovo, de anotaciones que apuntaban al pago de comisiones a concejales socialistas del Ayuntamiento de Algeciras. Fruto de las investigaciones, sobre la que la juez Alaya ha decretado casi una decena de prorrogas en el sumario, la Guardia Civil a través de la UCO, registró el pasado 25 de abril el Ayuntamiento de Algeciras, interviniendo diversa documentación relativa a la adjudicación del complejo deportivo. Según publicaba a mediados de abril el diario El Mundo, la juez Alaya imputó a González Baro, administrador único de la empresa Fitonovo, el pago de 200.000 euros en comisiones ilegales entre 2010 y 2011 por la construcción en Algeciras  - con el Consistorio gobernado entonces por PSOE e IU – de un aparcamiento y un centro deportivo conocido como El Calvario. El propio alcalde, José Ignacio Landaluce, se mostraba satisfecho por poder colaborar con la justicia en un asunto “que compete al gobierno anterior”, y sobre el que dio órdenes de retener y custodiar los expedientes correspondientes a esta adjudicación precisamente por si fueran requeridos por la justicia, como finalmente ha sido. En el propio PSOE algecireño existe preocupación, no solo por la más que posible imputación de los concejales algecireños que aparecen en los documentos de la empresa, sino por la también imputación de su secretaria local, Angelines Ortiz, en el caso Bahía Competitiva, y que mantiene a la dirigente socialista en un segundo plano, prácticamente desaparecida de la escena política local. Según ha podido saber Horasur, la documentación intervenida por la Guardia Civil en el registro realizado en el Ayuntamiento de Algeciras, está siendo estudiada con detenimiento, aunque con lentitud debido a los problemas de personal a los que la administración de justicia de la propia Junta de Andalucía, está sometiendo al juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla, que investiga esta causa y casualmente, la de los EREs.