La institución explica su interés porque las instalaciones cuenten con las máximas condiciones de seguridad y carezcan de elementos estructurales que puedan suponer un riesgo para la integridad física de las personas detenidas.

Son algunas de las recomendaciones que hace el Defensor en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (MNP) en el Informe Anual 2021, que la institución ha registrado este martes en el Congreso y el Senado.

Sobre los centros de extranjeros, el Defensor recomienda a la Policía una instrucción para incluir un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de los internos, así como facilitar datos, como la edad de los extranjeros que ingresan en estas instalaciones, el tiempo de permanencia y la identidad de los solicitantes de protección internacional.

En 2021 visitó 28 lugares de privación de larga duración: 17 centros penitenciarios, 1 hospital psiquiátrico penitenciario, 7 centros de menores infractores y 3 unidades dedicadas atender a personas con problemas de salud mental.

En sus visitas a los centros de internamiento de menores infractores (CIMI), la institución ha vigilado el cumplimiento de la prohibición de contenciones mecánicas, así como los protocolos de prevención de suicidios, los partes de lesiones y los procesos de recepción e ingreso de los menores.

Según el Defensor, la pandemia ha tenido un efecto específico en la salud mental. Tras el desplazamiento a dos establecimientos de atención a personas con problemas de salud mental, expone la escasez de profesionales de psicología y el exceso de medicación de algunos pacientes y sugiere la necesidad general de mejorar la atención médica de los internos.

En 2021 el MNP supervisó seis operativos de repatriación de extranjeros, en los que se monitorizó la repatriación de 306 personas.

El número de extranjeros que fueron ingresados y repatriados desde los Centros de Internamiento de Extranjeros fue 821 (1.244 en 2020), en los que se presentaron 626 solicitudes de protección internacional, de las que 165 se admitieron a trámite. Asimismo, se identificó en los CIE a 11 menores.