Sevilla, (EFE).- El dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, reconoció sobornos ante la juez Mercedes Alaya tras las primeras detenciones de la operación Madeja y en su primera declaración precisó que "las comisiones, desgraciadamente, se pagan de forma habitual". De la misma manera se expreso ante la juez, el administrador de la empresa filial, Fitiverde, Ángel Macedo. Macedo reconoce el pago de regalos en el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación sevillana, los ayuntamientos de La Carolina (Jaén) y Algeciras o en Adif, y concluye afirmando que "cuando realizaba los pagos que le ordenaban, no pensaba en nada" y "no ponía pegas. Sería tonto decir que lo veía bien", subraya. Por su parte, el dueño de Fitonovo, González Palomo, aseguraba que la responsabilidad de la empresa ya la ha asumido su hijo, y no tiene problemas en admitir el pago de sobornos a un políticos. "Cualquier comercial sabe que es difícil entrar a trabajar si no se hace", relata a la juez González Palomo en referencia a las comisiones, según se recoge en uno de los 21 tomos del sumario de la operación. Para pagar los sobornos, asegura que el comercial, Juan Andrés Bruguera, el único que sigue preso en la causa y casado con una hermana de su mujer, "tiene libertad para hacer este tipo de operaciones, porque forman parte del día a día" y el jefe se ocupa de que "la empresa siga viviendo". El comercial tiene "poder de decisión" y "vía libre" en el pago de "las comisiones que precise para sacar los contratos adelante", señala el dueño de la empresa, que "no ha fijado límite" para ello y asegura que no necesita de su autorización para pagar sobornos, puntualiza. Después de la declaración de Ángel Manuel Macedo, la juez citó de nuevo al dueño de Fitonovo, que precisó aún más los sobornos y lamentó que eran una práctica habitual de la empresa para poder optar a concursos públicos. La juez, tras levantar el secreto del sumario, asegura que la empresa Fitonovo es una "organización criminal" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos. En el caso de Algeciras, la juez señala en el sumario el supuesto cobro de comisiones por valor de 280.000 euros por parte de políticos del PSOE de Algeciras y técnicos del Ayuntamiento. Por esta causa están imputados los ex alcalde, Diego Sánchez Rull y Tomas Herrera. En el primer caso, la juez le imputa delitos de cohecho continuado, malversación de caudales públicos, prevaricación y asociación ilícita, exigiendo una fianza de 900.000 euros.