Palacios Herrera
Palacios y Herrera, a juicio

ALGECIRAS

Dos ex alcaldes del PSOE a juicio en junio por el Caso Escalinata

Dos ex alcaldes del PSOE a juicio en junio por el Caso Escalinata

Además de José Antonio Palacios y Tomás Herrera, también se sentarán el ex edil andalucista, José Ortega, y el arquitecto municipal Arsenio Pacios

José Antonio Palacios y Tomas Herrera, ex alcaldes de Algeciras entre 2003 y 2010 se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo mes de junio, como consecuencia del proceso penal abierto en 2004 por la supuesta construcción ilegal del parking Escalinata. Además de los ex alcaldes, también se sentarán el ex edil andalucista José Ortega y el arquitecto municipal Arsenio Pacios.

El Fiscal del caso, en su escrito de acusación, pide penas de inhabilitación de 10 años para los responsables políticos encausados por supuestos delitos de prevaricación continuada, y 5 años de prisión para el arquitecto municipal. También pide el Fiscal una indemnización conjunta de 1,55 millones de euros, de la que respondería de forma subsidiaria el Ayuntamiento de Algeciras.

La cronología de los hechos de este largo proceso arranca en el año 2000 cuando el Pleno aprobaba la construcción de un aparcamiento subterráneo en el lugar que ocupaba la Escalinata, obra construida en 1954 para comunicar la Plaza Alta con el recientemente construido Paseo Marítimo, cuando el mar llegaba casi a los pies de la construcción.

Una vez aprobado el proyecto definitivo en el año 2001, se dio comienzo a las obras por parte de la empresa Nautagest sin haber solicitado siquiera la licencia de obras necesaria. Así y todo, según explica el Fiscal en su escrito de acusación, el arquitecto municipal encausado informó favorablemente de la modificación del proyecto que permitía ganar un sesenta por ciento mas de plazas a las inicialmente previstas, lo que obligo a excavar un volumen superior a lo previsto.

Como consecuencia de esta obra, el edificio Escalinata colindante con el aparcamiento en construcción, sufrió importantes daños que obligó al desalojo del inmueble en su totalidad, pero que no evitó que las obras continuasen, lo que agravó aun mas el estado del edificio. Incluso existe un informe del arquitecto municipal en que se asegura que "no están justificados los temores de los vecinos en cuanto a la estabilidad del edificio". En junio de 2003 los vecinos se vieron obligados a abandonar sus casas de forma definitiva.

Para continuar con el calvario, los vecinos y el alcalde Juan Antonio Palacios llegaron a un acuerdo que garantizaba el pago por parte de Nautagest de una cantidad mensual hasta que pudieran ocupar sus viviendas, pero los pagos nunca se efectuaron por parte de la delegación de Hacienda, que tutelaba Tomás Herrera.

En el escrito, el Fiscal habla de “conducta criminal” de los implicados.

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