Los concejales de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), agrupación auspiciada por Podemos, Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez, han visitado las instalaciones de la Fundación Cruz Blanca en Algeciras, donde se han reunido con la directora de la entidad, Raquel Ameijeiras, para conocer de primera mano la situación generada en el centro por la resolución definitiva de la Junta de Andalucía, que supone la pérdida del 90% de las subvenciones que la entidad recibe por IRPF.

Los ediles han expresado su alarma por el hecho de que estos recortes supondrán la desaparición de los programas que Cruz Blanca llevaba a cabo para la inserción efectiva de personas con distintas necesidades, a las que se ofrecían distintos itinerarios con diferentes perfiles profesionales. En concreto, supondrá la pérdida de 12 trabajadores, mientras que los 7 que permanecerán tratarán de mantener los servicios de la casa de acogida de la entidad en el Paseo de la Conferencia.

Gallardo y Rodríguez advierten de que se trata de un servicio que presta asistencia social de emergencia a un amplio espectro de la población, del que el 50% son vecinos y vecinas de Algeciras, y que para el mes de febrero se quedarán sin poder prestar la atención más básica (alimentación, productos farmacéuticos, limpieza y butano).

Los dos ediles ponen de manifiesto que estos servicios de emergencia social que Cruz Blanca viene realizando en el municipio deberían haber sido asumidos por la Administración, que es la responsable de la atención social de sus ciudadanos y que, a pesar de que la entidad ha venido haciendo su trabajo durante años de forma ejemplar, ahora ponen en peligro su pervivencia cortando sus vías de financiación.

Podemos considera que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Algeciras deberían dar respuesta presupuestaria a estas necesidades, ya que no sólo se pone en peligro el único dispositivo de 24 horas de estas características con el que cuenta Algeciras como frontera sur de Europa, sino que además es responsabilidad pública.

“Tanto la Junta de Andalucía, que es quien recorta las subvenciones, como el Ayuntamiento, que tiene la obligación de prestar un servicio de casa de acogida al ser un municipio con más de 20.000 habitantes, deben encontrar fórmulas de financiación que permitan mantener todos los programas de asistencia social con los que cuenta Cruz Blanca”, señala Leonor Rodríguez.