ALGECIRAS. - En el día de hoy se ha sabido que la intervención de documentación relativa al expediente de adjudicación de la construcción del complejo deportivo Body Factory en Algeciras, ha comenzado a arrojar datos que podrían estar estrechando el cerco hacia los miembros del anterior equipo de gobierno formado por PSOE e IU. Diversas informaciones apuntan a que la jefa de contratación del Ayuntamiento de Algeciras, ha sido interrogada por la Guardia Civil en el transcurso de las investigaciones que lleva la juez Mercedes Alaya, y que trata de esclarecer el posible cobro de 200.000 euros en comisiones ilegales por parte de concejales del PSOE e IU en el anterior mandato corporativo entre 2007 y 2011. No va a ser la única declaración que los agentes van a tomar, y se está a la espera de que se confirmen los interrogatorios a los propios implicados en el proceso, los concejales socialistas y de la formación Izquierda Unida. En principio, este interrogatorio se ha realizado en el marco de las investigaciones al parecer para tratar de esclarecer aspectos técnicos relacionados con la documentación intervenida, y en ningún caso se trata de una acusación o imputación para la persona referida.

El hilo de la Madeja

Fue Horasur, el pasado 18 de julio de 2013, hace justo un año, el que desvelaba una posible trama de financiación irregular del PSOE a través del cobro de comisiones por parte de empresas constructoras. La aparición en escena de la empresa Fitonovo, constructora del complejo deportivo Body Factory, puso en alerta al propio PSOE algecireño y a los que fueron sus socios en el gobierno municipal, Izquierda Unida. Fue en septiembre de ese mismo año cuando otros medios publicaban lo apuntado por Horasur, y señalaban como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría encontrado información en ordenadores de la compañía Fitonovo, socia minoritaria de Body Factory SL, en la que constarían supuestos pagos a concejales del Ayuntamiento de Algeciras con el fin de obtener la adjudicación. Lo que investiga la Guardia Civil, en este caso, es si por parte, precisamente, de Body Factory, se efectuaron pagos a intermediarios, que a su vez consiguieron que el grupo socialista concediera la construcción y explotación. El 30 de diciembre era El Mundo, el que se hacía eco de las informaciones y aportaba ya las primeras cifras, en torno a los 200.000 euros, que podrían haber sido cobradas por los ex concejales socialistas y de Izquierda Unida. El 25 de abril, la Guardia Civil entraba en el Ayuntamiento de Algeciras, y se llevaba abundante documentación del caso, que sigue en secreto de sumario por parte de la juez Alaya, y que ha cumplido un año de instrucción.