ALGECIRAS. - IU mantiene su información sobre la posible imputación del delegado de limpieza, el PP, que negaba ayer dicha información, ha convocado consejo de administración para este sábado, en el que figura la aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior, celebrada el 25 de noviembre del año pasado; la resolución de no prórroga del contrato privado del servicio de conservación y mantenimiento de instalaciones especiales suscrito con la empresa Ideltec; el informe de gestión de la situación actual de la sociedad, y la prórroga del convenio colectivo para los trabajadores de Algesa. Y por si fuera poco, el PSOE solicita la convocatoria de una comisión de investigación, a pesar de que es la justicia la que está encargada de investigar el caso en el que están implicados tres trabajadores de la empresa por el robo de material procedente de decomisos. Este rosario de hechos son la continuación de los interminables rifi rafes que los grupos municipales del consistorio vienen teniendo a lo largo de este mandato. Comenzaba IU y PSOE poniendo en duda las intenciones del PP en relación a la continuidad de la empresa pública Algesa, para después sembrar también dudas sobre la actuación judicial en la detención del gerente, Manuel López, y dos trabajadores más por supuestos delitos de apropiación indebida. La dimisión de Bernabé Ramírez, ex concejal de limpieza, cazado en una conversación en la que la  ex abogada de la empresa trataba de sonsacarle datos de esta operación policial, con el fin de salvar a los trabajadores detenidos, puso una nota más de intensidad en la polémica, que ahora se vuelve a calentar con la supuesta imputación de Luis Ángel Fernández. Algesa ha alcanzado una paz social impensable hace unos años, cuando UGT, CCOO, USO y un sindicalista independiente, mantenían una guerra abierta por el control del comité de empresa con el enchufismo como telón de fondo, cuestión que nunca fue llevada a los juzgados por ningún partido ni sección sindical. Otra de las cuestiones que ya no son noticia, son los continuos apremios y embargos que recibía la empresa por los impagos a Hacienda y Seguridad Social, que llegaron a alcanzar más de 1,5 millones de euros de deudas, pagadas con intereses y recargos. Durante la campaña electoral de mayo de 2011, PSOE e IU sembraron el miedo en la plantilla asegurando que la llegada del PP supondría la privatización de la empresa y por tanto, la pérdida de derechos y de puestos de trabajo, algo que finalmente y como ha quedado demostrado, no sabemos si con acierto o no, visto lo visto, no se ha producido. El sábado, nuevo capítulo de esta serie, que parece no tener fin…, o si.