La destrucción de los documentos está prevista por la Junta de Expurgo, que es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, la persona titular del Servicio de Archivos Judiciales de la Consejería de Justicia, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Determina, según un comunicado de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

Las personas interesadas en recuperar documentación aportada en su día a los procesos judiciales afectados tienen un plazo de dos meses para solicitarla, según explica el comunicado.

La relación de documentos que está previsto destruir, según ha anunciado en el BOJA la Consejería de Justicia, contempla diligencias previas y recursos de todas las provincias y diferentes partidos judiciales.

En Cádiz se destruirán documentos del año 2001 de los juzgados de la capital, de 1972 a 2022 de Algeciras y de 1969 a 1998 de Jerez.