El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha informado esta mañana de que los órganos jurisdiccionales han dado la razón de manera contundente al Ayuntamiento de Algeciras contra el swap que firmó el gobierno socialista en el 2008.

“El Ayuntamiento de Algeciras tenía un grave problema porque en el año 2008, el entonces gobierno socialista que presidía Tomás Herrera y en el que se encontraba su hombre de confianza Juan Lozano y el asesor Fernando Silva firmaron un swap con el Banco Santander para cubrirnos de los tipos de inflación”, ha manifestado Fernández. 

El responsable municipal ha asegurado que “esto era un absurdo, porque no se trataba de un crédito, el banco no le dio nada al ayuntamiento y evidentemente una entidad municipal no necesita en absoluto cubrirse de la inflación, pero de alguna manera ese contrato, sin haberse llevado al Pleno de la Corporación Municipal, estaba vigente por haber sido firmado por el anterior alcalde socialista”. 

“Por eso, lo primero que hizo este equipo de Gobierno ya en el año 2011 fue solicitar la nulidad al Consejo Consultivo de Andalucía y a los órganos jurisdiccionales y, por supuesto, no aceptar un contrato a todas luces lesivo para los intereses del ayuntamiento y que podía habernos costado 11 millones de euros, en tanto que los tipos de interés en esos años estuvieron prácticamente en el 0% y el seguro que había firmado Tomás Herrera y su gobierno con Juan Lozano y Fernando Silva lo que pretendía era que nos cubriera hasta 4,5% de interés”, ha indicado el delegado. 

El teniente de alcalde ha explicado que “frente a esa barbaridad, que ha sido sin duda el problema más gordo que ha tenido este Ayuntamiento en términos económicos, superior incluso al déficit de la barriada del Arroz, iniciamos las acciones judiciales y hoy los tribunales nos han dado la razón”. 

Así, ha matizado que “esta sentencia nos ha dado la razón de forma rotunda, pues no solo no tenemos que pagarle nada a esta entidad por el swap, sino que tendrán que devolvernos los 330.000 euros con sus correspondientes intereses que percibieron de los gobiernos socialistas más las costas judiciales de este proceso”.