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La Audiencia Nacional. Foto: Cedida

De la Mata ratifica las actuaciones de la juez Alaya que afectan a Sánchez Rull y Tomas Herrera

De la Mata ratifica las actuaciones de la juez Alaya que afectan a Sánchez Rull y Tomas Herrera
MADRID. - El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, ex alto cargo del PSOE con el gobierno de Zapatero, ha aceptado la competencia para instruir el denominado `caso Madeja´ remitido por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que estuvo dirigido durante la instrucción por la juez Mercedes Alaya, en el que hay 96 imputados por el presunto cobro de 4,3 millones de euros en comisiones ilegales, para lo que cometieron más de una decena delitos. En este caso están imputados los ex alcalde socialistas de Algeciras, Diego Sánchez Rull y Tomas Herrera, ademas de tres funcionarios, a los que se investiga por la supuesta adjudicación fraudulenta del Body Factory a la empresa Fitonovo a cambio de dádivas. El titular del Juzgado número cinco ha ratificado todas las actuaciones practicadas hasta el momento. La juez sevillana remitió el caso a la Audiencia Nacional el pasado mes de junio, al comprobar que estaban implicadas varias administraciones de distintas provincias y que el asunto podía tener repercusiones en la economía nacional. En un auto de 108 folios, el juez José de la Mata considera que en este caso concurre grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional, así como un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. Además, considera que se trata de una "compleja instrucción" derivada del elevado número personas físicas y jurídicas involucradas, lo que determina, de acuerdo con la Fiscalía, la competencia de los juzgados centrales de instrucción. La resolución explica que los hechos que se investigan implican "la presunta existencia en la empresa Fitonovo SL de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos público". Esta empresa estaba dedicada a ofrecer servicios medioambientales. Relata que "la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos". Agrega que "al mismo tiempo crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama". Los hechos que se investigan, de acuerdo con el testimonio remitido y el auto de inhibicion del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, serían constitutivos de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".

DECENAS DE FUNCIONARIOS

La juez Mercedes Alaya decidió en junio, poco antes de ser relevada al frente del juzgado número seis de Sevilla, remitir a la Audiencia Nacional el sumario del caso que acumula 96 imputados, de los que al menos 40 son funcionarios, que habrían cobrado comisiones ilegales por 4,3 millones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Los datos que contempla el auto se ciñen al relato que en su momento hizo la magistrada, que acusa a la empresa Fitonovo, radicada en Sevilla y que supuestamente repartió sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". Alaya elevó el sumario a la Audiencia Nacional una vez que el fiscal ya lo había solicitado porque la investigación afecta a funcionarios de organismos como el Ministerio de Fomento y las sedes de Adif en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla, así como Diputaciones y Ayuntamientos de Andalucía, Canarias y Extremadura.

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