ALGECIRAS. - El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, ha contestado a la concejal no adscrita Isabel Martínez por sus declaraciones en la prensa acusando a sus compañeros de corporación de “pisotear sus derechos”. Muñoz aclara al respecto que todos los concejales tienen un plazo de cinco días desde la constitución del Pleno para integrarse en un grupo municipal, y que quienes no actúan así pasan a ser “concejales no adscritos”. Igual condición espera a quienes abandonan un grupo municipal y no se adscriben a otro, continúa precisando el edil sobre un informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento. De ese modo se entiende que, dado que desde la Ley 57/2003 de Modernización Local no se contempla la existencia de grupos mixtos, el concejal no adscrito queda en una situación diferente a la del resto de los concejales que permanecen en el grupo político por el que fueron elegidos. “La condición de concejal no adscrito no puede llevar consigo mayores derechos que los que se tenía cuando se pertenecía a un grupo político”, continúa el teniente de alcalde citando textos legales contra el transfuguismo y jurisprudencia al respecto. Por tanto, al concejal no adscrito se le reconocen todos los derechos individuales como miembro de la corporación, pero no los derechos que corresponden al grupo político “que voluntaria y expresamente ha decidido abandonar”. Para Muñoz Madrid la situación jurídica del concejal no adscrito no ofrece dudas en nuestro ordenamiento y expresa que “no se entienden las quejas que la edil no adscrita expresa y eleva al Defensor del Pueblo Andaluz, toda vez que se respetan escrupulosamente sus derechos a intervenir, presentar mociones en los plenos o participar en comisiones informativas”. Así, sin embargo, como concejal no adscrito a ningún grupo, no puede gozar ni de despacho, material o personal con que sí cuentan los grupos políticos legalmente constituidos, ni con portavoz ni con las subvenciones municipales que correspondan a los grupos políticos, según concluye Muñoz citando la actual Ley de Bases de Régimen Local.