ALGECIRAS. - Los números de esta operación que investiga el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, cuyo titular es la juez, Mercedes Alaya, son apabullantes. Por el momento, esta causa es la segunda más importante que se investiga en Andalucía, tras la trama de los ERE, que acumula más de 220 imputados y 3.000 millones de euros en fianzas civiles. La Operación Madeja esta recogida, por el momento, en un sumario de 24 tomos, con 88 personas imputadas y casi 46,5 millones de euros en solicitud de fianzas de responsabilidad civil. El Juzgado investiga una trama de pago de dinero y regalos por parte de la empresa Fitonovo a funcionarios y a cargos políticos a cambio de la adjudicación de contratos públicos, una práctica que se ha extendido por varias comunidades autónomas y que afecta a partidos políticos de todas las ideologías. En Algeciras, la trama afecta de manera directa al PSOE y más concretamente a integrantes del equipo de gobierno anterior en la persona del ex delegado de Urbanismo y ex alcalde, Diego Sánchez Rull, imputado por delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos y un delito de asociación ilícita, y sobre el que la titular del juzgado elevo la fianza solicitada por el Ministerio Fiscal desde los 900.000 euros iniciales hasta 1,2 millones de euros. Además de Sánchez Rull, el anterior alcalde, también socialista, Tomas Herrera, y varios técnicos municipales, se han visto involucrados en esta operación aunque para ellos no ha habido medidas cautelares.

46,5 millones en fianza

Aparte de la cantidad solicitada para el ex primer edil algecireño, el resto de las fianzas cifradas por la magistrada más elevadas son las del equipo directivo de Fitonovo, en la persona del dueño, Rafael González Palomo y su hijo, José Antonio González Baro, 8,2 millones y 5,7 millones, respectivamente; Ángel Manuel Macedo (2,4 millones) y a Juan Andrés Brugueras (4,9 millones). Para la juez Mercedes Alaya, los cuatro formaban la «dirección de una organización criminal formada en torno a la actividad empresarial de Fitonovo basada, fundamentalmente, en la contratación pública con diferentes Administraciones, para lo cual acudían habitualmente a prácticas de corrupción». Muchos de los empleados de esta entidad han sido imputados por participar, presuntamente, en esas prácticas. A ocho trabajadores, en concreto, la juez les ha impuesto fianzas que suman casi 2,6 millones. En total, la magistrada lleva imputadas a 85 personas, pero sólo ha impuesto reclamaciones dinerarias en 66 casos que se extienden a técnicos y responsables del Ministerio de Fomento de Cádiz, Jaén y Huelva, de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones de Córdoba, Sevilla y de Jaén, del Ayuntamiento de Algeciras, del Cabildo de Lanzarote, del Consistorio de La Carolina y en Ceuta que suman más de 2,3 millones de euros. Foto: Diego Sanchez Rull (al fondo) en una de sus últimas apariciones como edil