Podemos y su marca municipal, Algeciras Si Se Puede (ASSP), han encontrado lo que ellos consideran que es un posible caso de malversación de caudales públicos en la figura de los integrantes del equipo de gobierno y más especialmente en el alcalde, José Ignacio Landaluce, por hacer uso de una tarjeta Unicaja Vía T contratada en 2007 y renovada en 2013, para el pago de peajes a Sevilla y Málaga.

La formación morada hacía este anuncio en el transcurso de una rueda de prensa en la que estaban el coordinador general de Podemos Algeciras, Alejandro Gallardo; y los otros dos portavoces del Consejo Ciudadano, Leonor Rodríguez y Pablo Domínguez, que comparecían para dar a conocer los datos extraídos de la documentación que le ha sido entregada al grupo municipal de ASSP por el equipo de Gobierno.

Entre las facturas de los pagos a proveedores, Podemos ha localizado “conceptos bastante graves” de peajes que se pagan a la autopista de Málaga y Sevilla. En concreto 20 viajes a Sevilla y 11 a Málaga, entre junio de 2016 y junio de 2017. Podemos dice que los viajes coinciden con las sesiones del Senado, por lo que ha pedido explicaciones de si se trata de viajes del alcalde para participar en ellas.

Podemos ha deducido que los viajes corresponden solo al alcalde, al existir solo un coche oficial desde la llegada del PP al gobierno local en 2011, aunque en la partida presupuestaria se detalla que son gastos correspondientes al equipo de gobierno para el desempeño de sus funciones.

“Esperamos que el señor Landaluce no se esté pagando su carrera política en el Senado pagando los peajes con dinero municipal, porque eso sería malversación de fondos”, ha afirmado Gallardo.

El coordinador general de Podemos Algeciras ha concluido que “acabamos de entregar una petición al interventor y al alcalde para que entreguen por escrito la justificación de esos pagos de peaje y en calidad de qué fue, y si fue para representar a Algeciras en cualquier tipo de función, que esperamos que sea así. Si no nos contestan en cinco días, trasladaremos la información a Fiscalía y al Ministerio de Hacienda y a su vez al Tribunal de Cuentas para que estudien cómo se está gastando este dinero”.