Según ha explicado el portavoz popular, “la presentación de esta moción ante el Pleno viene motivada por el aumento del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España en los últimos años, y el consiguiente incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilios” y ha asegurado que “queremos dar traslado al Gobierno de Pedro Sánchez de la preocupación de la sociedad algecireña en relación con esta problemática, para que actúe en consecuencia”.

En este sentido, ha aclarado que “si bien la vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español, de cara a evitar la ocupación desde una perspectiva penal, civil y administrativa, se hace necesaria una adaptación y mejora del mismo, que permita combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y pacífica, además de brindar una protección efectiva de los titulares de derechos” y ha añadido que “también habría de tenerse en cuenta un bien jurídico que hasta ahora no se ha tenido en consideración para su protección: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas”.

“En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas, por parte de la Policía; la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas” ha concretado el secretario general algecireño.

“Así como deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos” ha concluido Muñoz.