La secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, ha anunciado que trasladará a la Fiscalía del Tribunal Supremo diversa documentación para que investigue si existen irregularidades en la contratación de la empresa Garancruz, al margen de los procedimientos legalmente establecidos, para la prestación de servicios de vigilancia en diferentes dependencias municipales.

Arrabal entiende que "se ha podido hacer un uso fraudulento” de procedimientos administrativos como el de la convalidación, lo que puede estar dando lugar a hechos tipificados por la jurisprudencia como delitos de prevaricación administrativa.

Los concejales de Hacienda, María Solanes; Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz; y Contratación, Paula Conesa, han comparecido esta mañana para defender que la figura de la convalidación "está prevista tanto en la normativa presupuestaria como en las bases de ejecución del presupuesto y resulta plenamente legal", destacando que "se ha reducido sustancialmente en los últimos tiempos con respecto a épocas anteriores en las que se recurría a esta figura con mayor frecuencia”.

Epígrafe de actividad

Según ha asegurado Arrabal en una rueda de prensa, la empresa Garancruz presta desde hace años distintos servicios de vigilancia para el Ayuntamiento, aun estando dada de alta en un epígrafe que no es el de Seguridad, y que estos servicios se prestan de forma periódica y para distintas delegaciones municipales, y sin que se haya llevado a cabo la correspondiente licitación pública, "vulnerándose así la libre concurrencia entre empresas y la igualdad de trato”.

“Esta empresa, constituida en 2016, con un capital social de 3.000 euros y sin estar dada de alta como empresa de vigilancia, sino como organizadora de eventos, está siendo beneficiada con miles de euros desde hace años. ¿Qué es lo que ocurre para que esta empresa reciba estos privilegios?”, ha comentado también Arrabal.

Según ha advertido la secretaria general del PSOE de Algeciras, a la empresa Garancruz se le están abonando facturas por servicios de vigilancia y control en distintas dependencias municipales, como el parking ya cerrado de La Escalinata o el Mercado Ingeniero Torroja, mediante "un procedimiento opaco y al margen de la Ley".

A este respecto, el equipo de Gobierno ha especificado que la empresa presta servicio de controladores de entrada "y no de organización de eventos, como han contado".

Fraccionamiento del gasto

El PSOE asegura que "“lo que se está realizando es un fraccionamiento del gasto, es decir, dividir contratos en prestaciones que podrían constituir por su naturaleza un único contrato. Algo que está prohibido por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, que dice textualmente, en su art.99.2, que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía de éste y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda”.

Por ello, añade Arrabal, "esos presuntos servicios se realizan por debajo de los 18.000 euros, como si correspondieran a un contrato menor, para así encargarlos de una manera directa a la empresa y evitar el procedimiento de adjudicación pública”.

A este respecto, María Solanes ha asegurado que la figura de la convalidación está prevista tanto en la normativa presupuestaria como en las bases de ejecución del presupuesto y resulta plenamente legal y que “cabe destacar que se ha reducido sustancialmente en los últimos tiempos con respecto a épocas anteriores en las que se recurría a esta figura con mayor frecuencia”. 

Arrabal ha ponderado que "se recurre de forma reiterada a la convalidación como medio de pago, cuando se trata de un procedimiento excepcional, fijado para casos muy particulares y puntuales".

Solanes ha ahondado en que "cada contratación que se realiza por este Ayuntamiento cuenta con tres presupuestos y es a criterio técnico la elección de una de ellas.  Desde este Ayuntamiento llevamos tiempo redactando un pliego para aglutinar este servicio en un único expediente, que estamos trabajando en él, pero es una tarea muy complicada que tenemos que suplir con este tipo de contratos menores. Nada irregular, simplemente el día a día de un Ayuntamiento al que el PSOE no ceja en su empeño de querer ensuciar, acusándonos incluso de prevaricar, algo tan serio que serán ellos los que tengan que responder ante la justicia", al tiempo que ha adelantado que la empresa aludida está estudiando la interposición de medidas legales.

Seguimiento

La dirigente socialista ha advertido de que “no se trata, ni mucho menos, de un hecho puntual”, sino de algo que “llevan años haciendo, fraccionando el gasto y repartiéndolo entre distintas delegaciones para evitar el seguimiento, eludir los controles de la intervención y ocultar esa presunta irregularidad”. “¿Qué hay detrás de todo? ¿Qué esta pasando con esta empresa elegida a dedo y sin contrato según Ley?”, afirma Arrabal, al tiempo que alude a "asuntos turbios".

Sin embargo, la delegada municipal de Hacienda ha recordado que "cada lunes pasan por Comisión de Hacienda todos y cada uno de los expedientes. En esta comisión están representados todos los grupos políticos y nunca, jamás, el Partido Socialista ha votado en contra del servicio de control y seguridad de accesos en distintos edificios municipales. Es más, incluso han votado en muchos casos a favor, lo que demuestra la necesidad de prestación de este servicio para el Ayuntamiento. En todo momento la contratación de este tipo de empresas por nuestra parte ha sido para velar por la seguridad y el control de todos los algecireños”.

Pese a ello, Rocío Arrabal ha asegurado ver "un caso claro de prevaricación, pero lo someteremos a mejor y mayor criterio y que sea la Fiscalía la que se pronuncie”, a lo que ha añadido la sospecha de que "no sea éste el único expediente que vaya a tener que ir camino de los tribunales”. Arrabal ha aclarado que también se va a registrar en el Ayuntamiento una petición de documentación y facturas relativas a todo este asunto, “algo que ya hemos hecho en otras ocasiones en relación a otros temas, aunque sin resultado. La diferencia es que en este caso a nosotros nos podrán negar la documentación, pero a la Fiscalía no se la van a poder negar”

Tras la denuncia del PSOE, Solanes ha comparecido para asegurar que "toda la documentación que obra en poder de este Ayuntamiento se sube a la plataforma de rendición de cuentas del Estado, con los informes del órgano gestor, que son cada una de las delegaciones que hacen las contrataciones del servicio de seguridad, el informe de convalidación de gastos del interventor de esta casa y el acuerdo de la junta local de gobierno. Todo está subido con la debida transparencia a la que estamos obligados”.

Solanes ha concluido que "los dirigentes socialistas siguen en su intento de paralizar el Ayuntamiento de Algeciras, pero aquí estaremos nosotros para defendernos y para seguir trabajando por el bienestar de nuestros vecinos".