ALGECIRAS. - La juez Mercedes Alaya ha puesto en marcha este martes la tercera fase de la llamada operación Madeja por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se está desarrollando en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Badajoz, y que trata desmontar la trama de pago de mordidas de empresarios a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos. El PSOE de Algeciras, que tenia convocada una rueda de prensa para esta misma mañana, la ha suspendido finalmente, aunque fuentes del propio PSOE aseguran que han sido motivos de carácter personal, y que nada tienen que ver con el desarrollo de esta operación. Según la investigación, el administrador de la empresa Fitonovo, Juan Antonio González Baro, actualmente en concurso de acreedores tras la detención de sus propietarios por parte de la juez Alaya en la primera fase de la llamada operación Madeja, confesó ante la magistrada que desde 2003 a 2012 llegó a repartir hasta 700.000 euros entre políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas y de todos los partidos. Juan Antonio González Baro admitió, en una declaración tras la que fue enviado a prisión provisional, que, además de los 30.000 euros que su padre había dado al asesor de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, para el PSOE, entregó 70.000 euros a IU en el Ayuntamiento de Sevilla tras la ejecución de los once campos de césped con cargo al plan estatal 8.000 que promovió Torrijos y que ejecutó Fitonovo. Entre los cargos públicos que también se beneficiaron de estas dádivas, González Baro incluyó en su declaración al Ayuntamiento de Algeciras, cuando estaba gobernado por el PSOE, por la realización de complejo deportivo Body Factory; al alcalde popular de La Carolina por las obras del estadio municipal y al alcalde del PP de la Palma del Condado con motivo de la licitación de la piscina pública de este municipio. El empresario también señaló a otras sociedades que eran las que acordaban las mordidas y después se las descontaban en su subcontrata. Por todo ello, la juez acordó el secreto de las actuaciones y ha prorrogado esta medida durante 16 meses, tiempo en el que la unidad de Delitos contra las Administraciones Públicas de la UCO de la Guardia Civil ha estado rastreando todos los contratos de Fitonovo para llegar hasta esta tercera macro operación.