ALGECIRAS. - El juez José de la Mata ha imputado a dos exalcaldes socialistas de Algeciras (Cádiz) entre 2005 y 2011, Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull, en una pieza separada del caso Madeja o Fitonovo, por el cobro de unos 280.000 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de un polideportivo.

En el auto en el que imputa a un total de díez personas, el juez de la Audiencia Nacional explica que en esta cuarta pieza separada del caso investiga el proceso irregular de adjudicación del contrato de construcción y explotación del polideportivo El Calvario de Algeciras, a través de su sociedad Body Factory Gestión, propiedad al 49 % de Fitonovo y al 51 % de Body Factory Franquicias.

A cambio de esta adjudicación, los directivos de Fitonovo, que se dedicaban a sobornar funcionarios para obtener contratos públicos, prometieron, a través de uno de sus empleados, "el pago de comisiones al delegado de construcción y posterior alcalde Diego Sánchez Rull".

En concreto, "le fueron entregadas al menos dos comisiones de 130.000 y 18.000 euros" por medio de un intermediario, su hombre de confianza y ahora también investigado, Ángel Francisco Cárdenas, y "eventualmente a Tomás Herrera", añade el auto.

"Dicha cantidades por lo que se refiere a Fitonovo habrían ascendido a 279.360 euros, entregadas entre junio de 2010 y septiembre de 2011", destaca De la Mata, que indica que todo ello estaría acreditado "por la documentación intervenida relativa a la caja B de Fitonovo".

Esto además estaría a su vez demostrado "con los correspondientes recibos de entrega de dinero" de esa caja B a Pablo Pérez Benedicto.

Por estos hechos tiene por imputados en esta pieza, además de a los dos alcaldes, al que fuera coordinador del patronato municipal de Deportes del Ayuntamiento Francisco Javier Malla Calvente, que dio "por buena" la valoración de la mesa de contratación en la adjudicación fraudulenta del concurso

Lo mismo sucede con José Guillermo Alberola y José Álvarez, arquitecto municipal y director técnico, respectivamente, de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento en la fecha de los hechos y quienes, según el juez, intervinieron "activamente" en la mesa de contratación a la concesión de la citada adjudicación.

A los imputados se suman los directivos de Fitonovo Emilio Antonio Tomás de la Cruz y Carlos de Lecea, así como el comercial de la empresa Randy Sharberg.

Además figura Ángel Luis García Balcones administrador único de la sociedad Body Factory, con la que Fitonovo constituyó la sociedad Body Factory Gestión, y el intermediario Ángel Francisco Cárdenas, persona de confianza del exalcalde Sánchez Rull.

Posible financiación ilegal del PSOE

La última vuelta de tuerca del Juez, José De la Mata, del juzgado de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, fue el pasado mes de noviembre, con la apertura de una nueva investigación para conocer el destino de los casi 300.000 euros que supuestamente la empresa Fitonovo pagó a los exalcaldes.

En un auto, el Juez pedía a la Agencia Tributaria autorización para requerir a siete entidades bancarias de las que es titular o autorizado Diego Sánchez Rull, los movimientos registrados entre los años 2010 y 2011. El Juez busca el rastro de estos 279.360 euros.

Entre las cuentas investigadas figuran tres del PSOE de Algeciras. En una de ellas figura como autorizado el ex alcalde, Diego Sánchez Rull, mientras que en una segunda, aparecen como cotitulares el también exalcalde, Juan Antonio Palacios y la exconcejal, Isabel Beneroso. En la tercera cuenta que se investiga, aparece solo Isabel Beneroso López.

Caso Madeja

La Audiencia Nacional asumió el caso en julio de 2015 porque consideró que esta red corrupta, con 96 imputados, ha causado una "grave repercusión" a la economía nacional al afectar a más de una comunidad autónoma, y además conlleva una "compleja instrucción" por el elevado número de personas involucradas.

En el caso se investigan comisiones por parte de Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.

El juez sostiene que la dirección de la empresa "creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares" mediante "una red de funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación", y habilitó asimismo una "caja B que se nutría de facturación falsa" para pagar sobornos a empleados públicos de todo tipo y también a políticos.