ALGECIRAS. - Se confirma el pucherazo con el que PSOE e IU resolvieron la mesa de contratación que en 2009 otorgó la concesión del servicio de la grúa municipal al Nicolás Luna León, tras aceptar dicha mesa una plica con posterioridad a la apertura de los sobres, lo que le dio los puntos necesarios para adjudicarse de manera irregular el contrato de recogida y deposito de vehículos. Tomas Herrera, alcalde de Algeciras en el momento de la adjudicación, y Diego Sánchez Rull, teniente alcalde en ese mismo mandato, se enfrentan ahora a una posible denuncia por la vía penal que el demandante va a interponer por considerar que ambos cometieron prevaricación, al alterar de manera consciente el procedimiento legal de este tipo de adjudicaciones. El TSJA ha anulado el acuerdo plenario por el que se concedió la adjudicación de la grúa municipal a Nicolás Luna León, un acto que desde el Ayuntamiento de Algeciras, el delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández ha asegurado que “acataremos la decisión del TSJA”. El delegado municipal ha recordado que se trata “una vez más, de un tema heredado de la gestión del anterior equipo de Gobierno, que nos dejó más de un centenar de pleitos judiciales, y actuaciones tan arbitrarias como la firma del préstamo swap, Botafuegos o la hipoteca de Alius por la Gerencia de Urbanismo”. Fernández ha indicado que de acuerdo con la sentencia, el equipo de Gobierno va a convocar la mesa de contratación para proceder a la adjudicación del servicio con las ofertas presentadas en el año 2009 por las empresas que optaron a la concesión del servicio “aun a sabiendas que es un proceso complicado, puesto que algunas de esas firmas que hacen cinco años acreditaron su solvencia, pueden no estar ahora en condiciones de hacerlo, y en otros casos, en los terrenos que ofertó alguna de ellas, actualmente se levanta una zona comercial”.

Concesión bajo sospecha

En el debate plenario de mayo de 2009, en el que con los votos del PSOE e IU se aprobaba la concesión del servicio a Nicolas Luna, el Partido Popular ya advertía que existían dudas sobre la solvencia técnica de la empresa, a lo que Diego Sánchez Rull contesto acusando al PP de defender los intereses de la empresa que posteriormente demando el proceso, Servicios Generales del Estrecho. Los hechos han dado la razón al entonces portavoz de la oposición, Jose Ignacio Landaluce, hoy alcalde de la ciudad. El problema principal tiene que ver con la superficie del depósito presentado en el pliego de condiciones, que motivó que el propio PSOE iniciara un procedimiento de rescate de la concesión tan solo seis meses después de aprobarlo en pleno y tras sendas denuncias presentadas por el Partido Andalucista y la empresa Servicios Generales del Estrecho, que quedo en tercer lugar en el concurso. El pliego obligaba a aportar una parcela con "uso exclusivo" con una capacidad mínima para 200 vehículos. El empresario Nicolás Luna defendía que en el concurso ofertó como instalaciones una nave construida con una superficie de 1.409 metros cuadrados y 1.338 de patio exterior, "con opción de ampliar hasta la totalidad de 5.075 metros cuadrados de nave sobre 9.400 de parcela". Actualmente, esta parcela no se está utilizando ya que el depósito lo traslado de manera unilateral el empresario, al campo de futbol de Las Vegas.